La batalla judicial que Meta va perdiendo: entre acusaciones de adicción y negligencia

Facebook nació en 2004 de la mano de Mark Zuckerberg desde su habitación en la residencia Kirkland House de la Universidad de Harvard. La plataforma se concebía inicialmente como un espacio para comunicarse con amigos a distancia, compartir fotografías, publicar estados de ánimo o establecer nuevas conexiones sociales. En sus primeros años, la interfaz priorizaba la usabilidad y una experiencia de navegación sencilla. En 2012, Facebook compró Instagram y en 2014 WhatsApp.

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Cuando la empresa alcanzó una masa rentable de usuarios, Facebook incorporó a Sheryl Sandberg como directora de operaciones. Sandberg provenía de Google, donde había desarrollado el mecanismo de monetización publicitaria que transformaría el modelo de negocio de la compañía. A partir de ese momento, Facebook comenzó a integrar anuncios en su plataforma.

Los datos de los usuarios se convirtieron en la materia prima para segmentar audiencias y personalizar la publicidad: era posible determinar género, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, preferencias alimenticias, deportivas y sociales, aficiones e incluso ideología política o intereses futuros. Esta capacidad de microsegmentación convirtió a Facebook y Google en los gigantes de la publicidad digital. En 2025, la compañía facturó más de USD 200.000 millones, de los cuales el 98% provenía de publicidad. 

La alerta que se decidió ignorar

Para obtener datos precisos para la segmentación de audiencias de Instagram y Facebook, era necesario que los usuarios permanecieran el mayor tiempo posible en la aplicación: desplazándose indefinidamente, interactuando con publicaciones y compartiendo contenido. Para lograr este objetivo, se implementaron mecanismos de retención como el scroll infinito, los sistemas de deslizado hacia abajo para nuevo contenido, las notificaciones acumuladas cuando el usuario llevaba tiempo inactivo, las historias efímeras que desaparecen en 24 horas, la reproducción automática de reels y, mediante inteligencia artificial, el feed algorítmico o “burbuja de filtro”, término acuñado por el activista Eli Pariser: El contenido mostrado ya no corresponde exclusivamente a las cuentas que el usuario sigue, sino a lo que el algoritmo determina en función de sus preferencias. 

Entonces se produjo un patrón identificable: los contenidos extremos o polarizantes obtenían mayor engagement que el resto y resultaban particularmente efectivos para retener a los usuarios más jóvenes. Y Facebook lo sabía.

Los Facebook Files

En septiembre de 2021, la ingeniera Frances Haugen, antigua empleada de Facebook, filtró los denominados Facebook Files: 21.000 documentos internos de la compañía que mostraban que los ejecutivos y el personal de seguridad conocían los efectos de algunos contenidos difundidos por Facebook e Instagram entre adolescentes, especialmente entre chicas. Entre ellos había publicaciones relacionadas con trastornos alimenticios, como la anorexia, y pensamientos suicidas. Los documentos también evidenciaban que la empresa conocía el impacto de estos contenidos, pese a presentarse públicamente como una plataforma segura para menores.

Una investigación interna de Facebook reveló que el 6% de los adolescentes estadounidenses y el 13% de los británicos había experimentado ideación suicida asociada al uso de Instagram, y que, pese a contar con esta información, los directivos de la compañía no adoptaron medidas correctivas.

La filtración provocó una de las mayores crisis reputacionales en la historia de Facebook, que en octubre de 2021 cambió su nombre corporativo a Meta.

Las demandas contra Meta

Las sospechas sobre la relación entre las redes sociales y el aumento de casos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, autolesiones e incluso suicidios entre jóvenes estadounidenses existían desde hacía varios años. Sin embargo, los documentos internos aportaron nuevos elementos para impulsar acciones legales contra el gigante tecnológico.

En octubre de 2023, los fiscales generales de 41 estados demandaron a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, por desarrollar productos que, según la acusación, estaban diseñados para generar adicción en niños y adolescentes, pese a declarar públicamente que sus redes sociales eran seguras para los menores.

La acción coordinada de estos 41 estados, con 33 de ellos agrupados en una sola demanda conjunta, detallaba en más de 200 páginas los fundamentos por los que Instagram y, en menor medida, Facebook constituían productos dañinos para los jóvenes.

“Meta se ha aprovechado del dolor de los niños diseñando intencionadamente sus plataformas con características que les manipulan y les mantienen adictos a sus plataformas, al mismo tiempo que rebajan su autoestima”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante la presentación de la demanda.

El costo de las acusaciones

En agosto de 2026, Meta acordó pagar casi USD 18.000 millones para resolver el litigio con fiscales generales de 52 estados, territorios y Washington D. C. El acuerdo no implica una admisión de responsabilidad por parte de la compañía. Las acusaciones sostenían que Facebook e Instagram habían sido diseñados para maximizar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes.

Además del acuerdo económico, Meta se comprometió a implementar cambios en el diseño de sus aplicaciones para limitar el uso de las redes entre menores. Entre las medidas se incluyen:

• Límite máximo de dos horas diarias de conexión.
• Bloqueo nocturno entre las 00:00 y las 06:00.
• Suspensión de notificaciones durante el horario escolar.

La empresa también reforzará sus mecanismos de verificación de edad para identificar con mayor precisión a menores de 13 años, a quienes está prohibido el uso de las plataformas, y aplicar restricciones a adolescentes de entre 13 y 17 años.

Otras sentencias contra Meta

Esto se suma a otros procesos judiciales. En una demanda paralela presentada en Nuevo México, un jurado determinó en marzo de 2026 que Meta había operado sus plataformas sin las medidas de seguridad necesarias, facilitando que depredadores sexuales contactaran con niños, y estableció USD 375 millones en daños para el Estado. En agosto, un juez ordenó a la compañía pagar otros USD 567 millones a un fondo destinado a atender su papel en la crisis de salud mental juvenil, elevando el monto a USD 942 millones.

El caso se suma al de Kaley G. M., de 20 años, considerado el primero de aproximadamente 1.500 procesos previstos para 2026. La demandante señaló que comenzó a utilizar redes sociales a los seis años y que llegó a permanecer hasta 16 horas diarias conectada.

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Con el acuerdo entre Meta y los fiscales generales y las sentencias judiciales emitidas en Nuevo México, la compañía enfrenta costos financieros y reputacionales crecientes. Los procesos también pueden convertirse en un precedente para las futuras reglas sobre protección de menores, uso de datos y diseño de plataformas digitales. (I)

Fuente: El País / BBC / The Wall Street Journal