El Alcalde de Y deseaba dejar un legado para para ser recordado por la ciudadanía. Por esta razón, decidió que la mejor manera de alcanzar su objetivo era construir un teatro. Realizó un concurso internacional, del que se recibieron 233 propuestas y el jurado seleccionó a aquella que cumplía con mayor elegancia el deseo personal del alcalde. El arquitecto ganador (famoso internacionalmente y con mucha experiencia) sugirió que la obra costaría USD 7 millones y que tardaría en construirse cerca de cuatro años. Finalmente, el Consejo Municipal aprobó la iniciativa y la construcción comenzó a tiempo. De esta manera, la Casa de la Ópera en Sydney (Sydney Opera House) le valió al arquitecto Jorn Utzon, el Premio Pritzker de Arquitectura en el año 2003, y en 2007 obtuvo el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. No obstante, la obra tuvo un retraso de más de 10 años y su presupuesto final resultó 1357% más elevado de lo planificado. Parte de justificación obedece a las limitaciones tecnológicas que existían a finales de los años 50 para realizar los cálculos estructurales que demandaban las bóvedas superiores del teatro. Sin embargo, es imposible descartar que en este caso no haya existido un importante problema de falta de integridad en las políticas públicas por parte del Gobierno de New South Wales, Austrialia. Un artículo de la revista Harvard Design Magazine identificó tres elementos necesarios para acercar lo más posible el ejercicio de planificación con la realidad: (1) prevenir que los intereses políticos y/o financieros capturen la obra; (2) no comenzar a construir hasta no tener diseños definitivos completos; y, (3) utilizar toda la tecnología disponible para realizar los cálculos. No obstante, desde una perspectiva económica e institucional, el problema descrito anteriormente posee aristas mucho más amplias y complejas. Para América Latina, donde en los últimos años han surgido problemas en las inversiones financiadas con recursos públicos, existe aristas que deben fortalecerse para reducir la probabilidad de que surjan ejemplos como la Opera de Sydney. En primer lugar, es deseable que las sociedades tengan mecanismos robustos e institucionales para la selección de sus funcionarios públicos, desde sus niveles iniciales hasta los más elevados. En segundo lugar, es relevante que existan mecanismos de monitoreo y control a lo largo de la cadena de la función pública, incluyendo reglas claras de sanción en caso de incumplimiento. Y, es fundamental que exista una efectiva participación ciudadana dentro del proceso de elaboración de las políticas públicas (diseño, implementación y evaluación). En ese contexto, la promoción de la integridad en la acción pública y privada se ha convertido en una prioridad que abarca numerosas dimensiones, como las políticas de transparencia, las disposiciones administrativas y de control, el desarrollo de instrumentos legales, de códigos procesales, de cambios en los sistemas electorales, el gobierno digital, entre otras. Desde CAF estamos contribuyendo al debate sobre los desafíos de la región en materia de gobernanza, fortalecimiento de sus instituciones y el impulso de estándares más exigentes en materia de integridad en los sectores público y privado, a través de diversos espacios, uno de ellos, la Conferencia CAF: “Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo” que se desarrolló hace pocos días en Quito, y en la que destacados expertos abordaron temas como la crisis de confianza, gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura, gobierno digital, apertura de datos, participación ciudadana y fortalecimiento de capacidades en lo público y privado. La Conferencia CAF mostró que la falta de gobernanza y transparencia afecta la productividad y la agenda de inversiones en sectores vitales para el desarrollo de nuestros países como el de la infraestructura, aumenta los costos de las transacciones y disminuye la eficiencia del gasto público. Si deseamos que la integridad sea una norma en nuestras políticas, no solo bastan leyes, se requieren funcionarios idóneos, incentivos apropiados y una ciudadanía dispuesta a asumir su rol como origen y fin de la función pública.