Bancos y cooperativas deberán lanzar créditos para mujeres hasta septiembre de 2026
Las entidades financieras en Ecuador tendrán hasta septiembre de 2026 para implementar productos crediticios dirigidos específicamente a mujeres emprendedoras, en cumplimiento de la resolución 008-F de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. La normativa establece un plazo de seis meses para que bancos, cooperativas y entidades de la economía popular y solidaria adapten sus sistemas y reglamentos internos.
La medida busca poner en marcha la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres, vigente desde 2025, con el objetivo de reducir las brechas de acceso al financiamiento y fortalecer la participación económica femenina. Para ello, se plantea un enfoque de género que contemple condiciones más accesibles y adaptadas a la realidad de las emprendedoras.
Entre los principales lineamientos, las entidades deberán ofrecer requisitos simplificados, esquemas de garantías flexibles, periodos de gracia adecuados y programas de educación financiera. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al crédito y mejorar las capacidades de gestión de los negocios liderados por mujeres.
También puedes leer: Apple anunció una transición histórica: John Ternus asumirá como nuevo CEO mientras que Tim Cook será Presidente Ejecutivo
El contexto ya muestra una alta participación femenina en el sistema financiero. Actualmente, las mujeres representan 6 de cada 10 operaciones de microcrédito en el país, según datos de Asobanca y cooperativas. Además, registran menores niveles de morosidad frente a los hombres, lo que respalda su perfil como sujetas de crédito confiables.
Para acceder a estos nuevos productos financieros, las emprendedoras deberán estar registradas en el Registro Nacional de Emprendimiento, administrado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Este requisito permitirá focalizar los beneficios y fortalecer la formalización del sector.
La implementación de esta política será monitoreada por las superintendencias de control, que evaluarán anualmente su impacto en términos de montos colocados, sectores atendidos y alcance territorial, con especial énfasis en zonas rurales. Con ello, se busca consolidar un ecosistema financiero más inclusivo y alineado con el desarrollo productivo del país.
Fuente: Última Hora EC