Cumplir para exportar: el nuevo desafío de nuestras cadenas productivas
Las reglas del comercio internacional están cambiando.
Durante años, competir internacionalmente significó producir con calidad, cumplir requisitos sanitarios, ser eficientes y competitivos. Hoy eso ya no es suficiente. Cada vez más mercados incorporan exigencias ambientales, sociales, laborales y de debida diligencia que obligan a conocer no solo el producto, sino las condiciones en las que fue producido.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) es un claro ejemplo y tiene especial impacto para Ecuador. Tras la prórroga de la Comisión Europea, la normativa comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores, y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas. Al estar Ecuador clasificado como un país de riesgo estándar, sus cadenas productivas de cacao, café y palma aceitera deberán someterse al esquema ordinario de debida diligencia de forma obligatoria.
Para Ecuador esto no es un asunto menor. El cacao es una de nuestras fortalezas históricas: productores, territorio y calidad lo han posicionado en mercados altamente exigentes.
El EUDR, además de exigir que el producto sea libre de deforestación, exige considerar la legislación del país de producción en materias como derechos de uso de la tierra, protección ambiental, derechos humanos, de terceros, laborales, de fiscalidad, anticorrupción, comercio y aduanas. Para exportar, deberá demostrarse que el producto fue obtenido legalmente en el predio de origen y que los riesgos de la cadena han sido identificados y gestionados. Aquí es donde la debida diligencia adquiere una dimensión que todavía no hemos desarrollado suficientemente: la dimensión jurídica.
¿Estamos preparados para ayudar al productor a cumplir? Muchas veces el problema en el sector rural no es la falta de voluntad, sino el desconocimiento de las obligaciones, la falta de registros formales y la ausencia de mecanismos para mitigar riesgos. Por lo que, estás exigencias deben ser una oportunidad para acompañar a la finca, comunidad, asociación o pequeña empresa rural en su cumplimiento, puesto que puede ser un proceso complejo.
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La tecnología es fundamental para cerrar esta brecha. Herramientas capaces de geolocalizar predios, monitorear información satelital, gestionar trazabilidad y organizar documentos ya existen. El paso estratégico es conectar esa tecnología con la inteligencia regulatoria: saber qué norma aplica según el país, el producto y las características de la unidad productiva, identificar evidencia disponible, detectar brechas, y sobre todo, permitir gestionar riesgos y dar seguimiento a las medidas de mitigación. Este es el enfoque que desarrollamos en ACATIA Ecuador entre el país y Europa: integrar tecnología, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en plataformas accesibles que pueden adaptarse a cada mercado y cadena productiva. El EUDR no es un fenómeno aislado. Responde a una tendencia irreversible que incorpora criterios ambientales, sociales y de derechos humanos en las cadenas de suministro. La Directiva Europea de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) refuerza esa tendencia, mientras mercados como EE.UU. y Canadá cuentan con mecanismos orientados a regular el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso.
En este escenario, demostrar el cumplimiento normativo es parte de la competitividad. Facilitar que los productores respondan a estas exigencias es la única vía para mantenerlos en las cadenas formales de exportación. El futuro del comercio internacional exigirá demostrar cómo producimos; cumplir será el requisito para entrar, pero gestionar estratégicamente ese cumplimiento será una herramienta para permanecer y liderar.
Por: Ana María Cobo - Consultora en Estrategia Regulatoria y Compliance en ACATIA Ecuador