El presidente Guillermo Lasso derogó la primera declaratoria de excepción y emitió una nueva la tarde de este lunes 20 de junio; lo hizo mientras el Legislativo debatía la posible anulación del primer estado de excepción. De esta manera, dejó sin piso las intenciones del parlamento. El nuevo estado de excepción ya no rige en tres sino en seis provincias del país: Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura y se da “con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país”, reza el Decreto 459 emitido en lugar del 452. Asimismo, el presidente considera que existe la posibilidad “de radicalización de las medidas por declaraciones públicas que llaman a la realización de protestas no pacíficas indefinidas”. Las provincias mencionadas fueron elegidas por concentrar la mayoría de actos violentos. También te puede interesar: Mayor gasto social podría contener protestas en Ecuador, dice JPMorgan La medida durará 30 días y el plazo se fundamenta “en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitarlos escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados”. De la misma forma que el estado de excepción anterior, Quito sigue figurando como Zona de Seguridad, pero el decreto dispone la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta “para materializar el objetivo de la Zona de Seguridad”. ¿Qué derechos se limitan? Se suspende en las provincias indicadas el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión “de aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos”. Es decir, las manifestaciones pacíficas sí están permitidas, algo que no ocurría en el decreto anterior. El texto lo dice textualmente: “Se exceptúa la protesta pacífica y toda aquella actividad pacífica que no tenga por objeto ahondarla situación de grave conmoción interna (…), por lo tanto, se garantizará los derechos de libertad de asociación y reunión de los ciudadanos que incurran en actividades no violentas”. También se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 22:00 hasta las 05:00 en Quito y las personas que circulen durante el horario del toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente. También te puede interesar: Tres claves para entender la protesta indígena en Ecuador Se exceptúa de la restricción dada en el artículo anterior a los siguientes sectores: 1. Servicios de salud de la red de salud pública integral y de la red privada complementaria 2. Seguridad pública, seguridad privada complementaria y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias 3. Servicios de emergencia vial 4. Los servidores públicos del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y cuerpo diplomático 5. Los servidores públicos o personal de contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos. 6. Los trabajadores de la cadena logística del sector exportador, quienes deberán demostrar que laboran en una empresa dentro de dicho sector y, de ser el caso, la licitud de la carga que transportan. 7. Personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda: 8. Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial. Funcionarios de la Corte Constitucional y servidores públicos de la Función Judicial. 9. Trabajadores de medios de comunicación social. 10. Trabajadores de los sectores estratégicos definidos como tales en la Constitución. 11. Personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva, de conformidad con las disposiciones que para el efecto emita el Ministerio de Gobierno. 12. El Ministerio de Gobierno podrá autorizar la realización de actividades tales como eventos públicos, actividades turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma. Fuente: Bloomberg Línea Foto: Mateo Arcentales