El crédito informal costaría USD 2.486 millones al año a los microempresarios de Ecuador
Un estudio estima que más de 570.000 microempresarios recurrirían al crédito informal y advierte sobre sus efectos en el capital de trabajo, el crecimiento de los negocios y la seguridad.
Los microempresarios ecuatorianos que recurren a préstamos informales pagarían USD 2.486 millones anuales solo en intereses, según el estudio Del chulco al crédito productivo: una aproximación al sobrecosto de la exclusión financiera en la microempresa ecuatoriana. El análisis, elaborado en octubre de 2026 por David Castellanos, economista y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, dimensiona los recursos que estos negocios destinarían al financiamiento informal.
La investigación estima que en Ecuador existen alrededor de 3,5 millones de microempresas y emprendimientos, registrados y no registrados. De ese universo, aproximadamente 1,6 millones estarían fuera del sistema financiero formal y más de 570.000 recurrirían al crédito informal. Estas cifras provienen de un ejercicio de estimación basado en información disponible, supuestos y cálculos agregados; no corresponden a un censo de prestatarios.
Para calcular el costo de los intereses, el estudio utiliza una tasa anual de referencia del 120%, considerada conservadora por el autor. Además, recoge una investigación previa que permite observar las condiciones de estos préstamos: el 71,8% de las operaciones analizadas correspondía a montos inferiores a USD 500 y el 41,3% debía pagarse en un plazo de 30 días o menos.
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Los montos pequeños, combinados con vencimientos cortos y cobros frecuentes, presionan el flujo de caja de los negocios. El dinero destinado a pagar al prestamista compite con la compra de mercadería, los gastos operativos y la reposición del capital de trabajo. Según el análisis, esta dinámica reduce la capacidad de reinversión y debilita las posibilidades de crecimiento de las microempresas.
Algunas cifras destacadas del estudio:
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USD 2.486 millones: pago anual estimado de intereses de los microempresarios que recurren a préstamos informales.
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Más de 570.000: microempresarios que acudirían al crédito informal, según la estimación.
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1,6 millones: microempresas y emprendimientos que estarían fuera del sistema financiero formal.
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71,8%: préstamos inferiores a USD 500 en la investigación previa citada.
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41,3%: préstamos con plazos de devolución de 30 días o menos en esa investigación.
Entre los factores que contribuirían a la exclusión financiera, Castellanos identifica los techos a las tasas de interés. Su planteamiento es que estos límites restringirían la capacidad de las entidades formales para atender segmentos de mayor riesgo. Desde esa perspectiva, propone revisar las políticas que dificultan el acceso de los emprendedores al financiamiento regulado.
El documento también advierte sobre posibles conexiones entre determinadas redes de préstamos informales y actividades de extorsión, cobro coercitivo y lavado de activos. Para los pequeños comercios, esta exposición añadiría riesgos de seguridad a la presión financiera: además de destinar ingresos al pago de intereses, podrían enfrentar mecanismos de intimidación que profundicen su vulnerabilidad económica.
El estudio plantea que enfrentar la usura exige ampliar el acceso al crédito formal y abordar las condiciones que empujan a los emprendedores hacia estos préstamos. El desafío es recuperar recursos para la operación y el crecimiento de los pequeños negocios, mientras se reduce su exposición a redes de financiamiento vinculadas con actividades ilegales. (I)