<p class="isSelectedEnd">La <strong>Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM)</strong> aprobó el 20 de agosto de 2026 una actualización de la normativa secundaria que regula el sistema de registros de datos crediticios en Ecuador. La reforma establece nuevos plazos para conservar y reportar información de personas naturales, además de disposiciones relacionadas con la protección de datos y la incorporación de nuevas fuentes de información.</p> <p class="isSelectedEnd">Uno de los principales cambios es la <strong>reducción del período de conservación de la información crediticia, que pasa de seis a cuatro años</strong>. Al mismo tiempo, el período de operaciones que puede ser considerado dentro de los reportes crediticios disminuye de <strong>tres a dos años</strong>.</p> <h2>La normativa se adapta a cambios realizados en el COMF</h2> <p class="isSelectedEnd">La actualización responde a las reformas realizadas en 2025 a los artículos 357 y 358 del <strong>Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF)</strong>, relacionadas con las fuentes de información crediticia, el uso de datos complementarios para analizar solicitudes de crédito y los períodos de conservación y reporte de información.</p> <p class="isSelectedEnd">Tras esos cambios, la JPRFM identificó la necesidad de armonizar la normativa secundaria con el nuevo marco legal. Para el proceso se desarrollaron mesas técnicas con la <strong>Superintendencia de Bancos</strong>, la <strong>Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros</strong> y los burós de información crediticia.</p> <p class="isSelectedEnd"><strong>Te puede interesar: <a href="https://ekosnegocios.com/articulo/en-ecuador-la-economia-no-petrolera-gana-terreno">En Ecuador, la economía no petrolera gana terreno</a></strong></p> <h2>Nuevas fuentes de información tendrán criterios específicos</h2> <p class="isSelectedEnd">La regulación también establece criterios para que, en el futuro, puedan incorporarse nuevas fuentes de información crediticia. Su implementación será gradual y coordinada con los organismos de control.</p> <p class="isSelectedEnd">La Junta aclaró, sin embargo, que la normativa <strong>no habilita automáticamente el acceso a nuevas bases de datos</strong>, no elimina reservas establecidas por ley y tampoco genera, por sí sola, obligaciones para que entidades públicas o privadas entreguen información. Asimismo, no autoriza el acceso indiscriminado a datos sensibles o protegidos.</p> <p class="isSelectedEnd">Según la entidad, el objetivo de la reforma es establecer reglas más claras para el sistema de referencias crediticias, mejorar la calidad de la información utilizada para evaluar el riesgo crediticio y reforzar tanto la seguridad jurídica como la protección de los datos personales.</p>