Emilio Suárez Salazar, abogado experto en derecho constitucional, destaca que el 2024 marcó un año de avances significativos, pero también de obstáculos persistentes. “La minería extranjera directa sigue siendo el mayor generador de inversión extranjera en el país. Proyectos como la mina Cangrejos han obtenido licencias ambientales para avanzar hacia la construcción”, señala Suárez. Sin embargo, los problemas regulatorios y la falta de legislación clara sobre consultas previas y ambientales continúan siendo una deuda del Estado ecuatoriano. La consulta previa y ambiental: derechos sin legislación clara En Ecuador, la Constitución garantiza las consultas previa y ambiental, estableciendo que las comunidades afectadas por proyectos extractivos deben ser consultadas antes de su ejecución. No obstante, la falta de una ley específica que regule estos derechos, pese a reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, ha generado incertidumbre. “Desde 2008, el Legislativo ha incumplido esta obligación, lo que ha resultado en un marco normativo temporal y en confusión tanto para las comunidades como para los inversores”, explica Suárez. También puedes leer: Zoom minería: perspectivas económicas del sector minero en Ecuador “Aunque las consultas no son vinculantes, el Estado tiene el deber de garantizar que las observaciones de las comunidades sean consideradas. Este proceso, conocido como el “deber de acomodo”, busca que los proyectos ajusten su diseño para mitigar los impactos en las comunidades”. La consulta popular: un mecanismo con contradicciones Otro desafío destacado son las contradicciones en la aplicación de consultas populares sobre actividades extractivas. Según Suárez, “los recursos naturales no renovables son estratégicos y afectan a todos los ecuatorianos, por lo que las consultas deberían ser nacionales”. Sin embargo, mientras el ITT se sometió a consulta nacional, la minería en el Chocó Andino fue decidida solo por los habitantes de Quito, evidenciando inconsistencias en el enfoque de la Corte Constitucional. Impacto en la inversión minera La falta de estabilidad jurídica y los cambios normativos constantes dificultan la atracción de inversión extranjera. “Competidores como Colombia y Perú ofrecen entornos más seguros, mientras que, en Ecuador, problemas como la inseguridad y las reformas tributarias afectan la confianza de los inversionistas”, señala Suárez. Sin embargo, enfatiza que proyectos mineros responsables pueden generar desarrollo económico y social, contribuyendo al progreso del país.