El nuevo proyecto de ley económico llegó a la Asamblea. La propuesta, denominada Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, cuenta con 50 artículos, cinco disposiciones generales y 10 disposiciones transitorias. La normativa fue entregada tras un proceso de diálogo con diferentes actores políticos, que se celebró en la Presidencia de la República. “La principal coincidencia de todos: que el nuevo proyecto mantenga un espíritu solidario y quienes más tienen, aporten para asegurar la protección social de los que menos tienen”, dijo la Secretaría de Comunicación (Secom). El Gobierno destacó que el texto no incrementa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni tampoco ningún impuesto a sectores necesitados. Si bien el renovado proyecto de ley solo se concentra en impuestos, el Gobierno insistirá en los cambios en materia monetaria y fiscal el próximo año. Tras diálogos con representantes de diferentes bancadas, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló que los cambios en materia fiscal y monetaria que causaron preocupación y estuvieron entre los puntos más álgidos en los debates en la Asamblea, se plantearán en 2020. Un proyecto económico con “espíritu solidario” La propuesta legal, que fue rechazada por la Asamblea el 17 de noviembre, buscaba la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE) y la conformación del directorio de la entidad y de la Junta de Política y Regulación Financiera. Las normas fueron establecidas en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de los aspectos que preocuparon a los asambleístas es la conformación del Directorio del BCE, que según el proyecto archivado tendría cinco miembros (dos a tiempo completo y tres a tiempo parcial) designados por el presidente de la República. Legisladores de oposición señalaron que la independencia del Central podría ser peligrosa y recordaron la crisis bancaria de 1999. Otro tema que causó inquietud en el anterior proyecto tenía que ver con la seguridad social. En la propuesta se clasificaba al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) como “instituciones gubernamentales que se ocupan de la seguridad social” con fines estadísticos. No obstante, el artículo contradecía a la Constitución, que define al IESS como entidad autónoma regulada por la ley. Todos esos aspectos que causaron malestar han sido eliminados, dijo Martínez, y buscarán el tiempo propicio para enviar las propuestas en 2020. Pese a que esos cambios eran metas importantes en el programa que Ecuador suscribió con el FMI, el ministro de Finanzas está convencido de que el organismo entregará en diciembre los desembolsos pendientes a Ecuador, que suman unos USD 500 millones. “El acuerdo no correría peligro porque se presentaron los proyectos. Esta es una señal política de la implementación del programa y lamentablemente no controlamos la Asamblea”, declaró Martínez. Según el titular de la cartera de Estado, las autoridades viajarán a Washington el próximo mes para dialogar con el organismo y buscar los desembolsos. Además, dejó entrever que las metas de ajuste planteadas en un inicio (equivalente al 5% del Producto Interno Bruto) se revisarán y que algunos de los objetivos podrán aplazarse. Con información del Expreso.