Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Ciberseguridad, vigente desde marzo de 2026, el sector cooperativo ecuatoriano enfrenta nuevos desafíos en materia de cumplimiento, gestión de riesgos y protección de la información. Así lo explicó Eddy Barbosa, Gerente Nacional de Ventas del Segmento Corporativo Puntonet, durante su intervención sobre el impacto de la normativa en el ecosistema financiero. “Sus sistemas y los datos de sus socios son declarados esenciales para el país”, señaló el ejecutivo, al referirse a la incorporación del sector cooperativo dentro de la infraestructura crítica digital contemplada en la ley. Según lo expuesto, la normativa establece la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad en plazos definidos, incluyendo notificaciones iniciales y reportes posteriores, además de la implementación de procesos formales de gestión de incidentes, monitoreo y capacidad de respuesta. Barbosa destacó que el impacto de los ciberataques no se limita al ámbito tecnológico. “Un ataque paraliza su cooperativa. Esto no es una hipótesis, es una estadística”, afirmó, al remarcar la importancia de la prevención y la preparación institucional. La ley también contempla posibles sanciones económicas y nuevas responsabilidades para los niveles de dirección en la gestión de la ciberseguridad, según lo abordado en la exposición. En este contexto, el ejecutivo recomendó avanzar en diagnósticos de madurez en ciberseguridad, asignación de responsables internos, integración de estos riesgos en el gobierno corporativo y revisión de contratos con proveedores tecnológicos.