Ecuador establece nuevas reglas para pagos con tarjetas: ¿qué cambia para los usuarios?
La nueva regulación prohíbe los recargos por pagar con tarjeta, refuerza las medidas contra el fraude y permite el ingreso de nuevos operadores al sistema de pagos. Las entidades tendrán seis meses para adecuar la normativa correspondiente.
El sistema de pagos en Ecuador tendrá nuevas condiciones para consumidores, comercios y empresas financieras. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) aprobó, el 6 de noviembre de 2026, una regulación que modifica las operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepago, con mayores exigencias de seguridad, transparencia y competencia.
La Resolución Nro. JPRFM-2026-048-T establece obligaciones para los emisores de tarjetas, incorpora nuevos participantes al mercado y refuerza los derechos de los usuarios frente a operaciones fraudulentas. También fija condiciones para los establecimientos comerciales que reciben pagos electrónicos.
Mismo precio para pagos en efectivo y con tarjeta
Uno de los cambios más relevantes para los consumidores está relacionado con los precios. La normativa determina que los establecimientos comerciales deberán mantener el mismo valor para las compras realizadas con tarjeta y al contado.
Esta disposición también se extiende a promociones, rebajas y descuentos. Por tanto, los comercios no podrán aplicar recargos por el uso de tarjetas ni excluir estos medios de pago de las ofertas disponibles para compras al contado.
Además, los adquirentes —entidades encargadas de facilitar y procesar los cobros con tarjetas— deberán garantizar que los comercios puedan aceptar tarjetas de diferentes marcas y emisores.
La regulación establece un plazo máximo de cinco días hábiles para liquidar a los establecimientos los recursos correspondientes a las ventas corrientes realizadas con tarjetas.
Más seguridad y protección contra fraudes
La resolución introduce nuevas exigencias para la emisión y utilización de tarjetas físicas y virtuales. Las tarjetas físicas deberán emitirse sin información sensible impresa, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV).
Para las compras por internet se exigirán mecanismos adicionales de autenticación, sin costo para el usuario. Las entidades emisoras también deberán enviar notificaciones gratuitas y en tiempo real mediante al menos dos canales electrónicos independientes, con la excepción prevista para las tarjetas prepago al portador.
Los bancos y demás emisores deberán mantener canales de atención disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, y garantizar mecanismos inmediatos para bloquear tarjetas ante pérdidas, robos o transacciones no reconocidas.
La norma también establece responsabilidades frente a determinadas operaciones fraudulentas. Cuando una transacción se realice después de reportar el robo o pérdida de una tarjeta, o se origine por fallas de seguridad atribuibles al emisor, la entidad deberá reintegrar los valores conforme a las condiciones legales y regulatorias aplicables.
Nuevos participantes en el mercado de pagos
La regulación también abre espacio para una mayor competencia en el sector. Las empresas no financieras podrán ofrecer servicios de adquirencia, es decir, afiliar comercios y facilitar la aceptación de pagos con tarjetas, siempre que obtengan autorización del Banco Central del Ecuador (BCE).
Para operar, estas compañías deberán contar con un capital mínimo de USD 500.000, además de cumplir requisitos tecnológicos, financieros y de seguridad.
Por su parte, los agregadores de pago, que proporcionan herramientas tecnológicas para facilitar cobros electrónicos, deberán acreditar un capital mínimo de USD 250.000. Las empresas que ya cuentan con autorización tendrán un año desde la publicación de la norma para cumplir este requisito.
En el caso de las tarjetas de crédito, la resolución también armoniza las reglas para transparentar los costos de los consumos corrientes y diferidos, y mantiene la prohibición de cobrar intereses sobre intereses.
¿Cuándo entran en vigencia los cambios?
La resolución entró en vigor el 6 de noviembre de 2026, fecha de su expedición. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador disponen de seis meses para ajustar sus regulaciones e implementar las disposiciones correspondientes.
El nuevo marco regulatorio busca modernizar el sistema de pagos ecuatoriano, ampliar la participación de empresas tecnológicas y fortalecer la seguridad de las transacciones, en un mercado en el que los medios electrónicos tienen un papel cada vez más importante. (I)