Las decisiones incluyen la eliminación del subsidio al diésel para la flota atunera, la eliminación de las tarifas eléctricas subsidiadas para grandes consumidores, y la implementación de una tasa de fiscalización para el sector minero.También puedes leer: Cifras económicas con las que inicia el nuevo mandato de Daniel Noboa La presentación oficial fue realizada desde el Palacio de Carondelet por Carolina Jaramillo, quien asumió este lunes la vocería de la Presidencia. Jaramillo indicó que estas decisiones buscan ordenar las finanzas del Estado, fortalecer la transparencia en el manejo de recursos y consolidar una política pública eficiente, sin afectar a los sectores más vulnerables. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía, los ingresos y ahorros que se generarían por las medidas serían los siguientes: 1. Eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero: USD 42 millones. 2. Ajuste de la tarifa eléctrica para grupos de alto y medio voltaje (AV1 y MV): USD 78 millones y USD 178 millones respectivamente. 3. Tasa de fiscalización para el sector minero: USD 229 millones. En conjunto, estas acciones representarían una inyección fiscal de USD 527 millones anuales, sin contar con los posibles ingresos adicionales por la implementación de un arancel sobre las compras con el sistema 4x4, cuyo impacto aún no ha sido cuantificado por el Gobierno. Detalles de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Daniel Noboa 1. Tasa de fiscalización minera: El Gobierno anunció la creación de la primera tasa de fiscalización para todo el espectro minero (pequeña, mediana y gran minería), con el fin de financiar el control técnico y ambiental sobre el cumplimiento de las obligaciones legales del sector. Esta medida forma parte de una estrategia de lucha contra la minería ilegal y busca garantizar que los recursos naturales del país sean gestionados con responsabilidad. 2. Apertura del catastro minero: Luego de más de siete años cerrado, el catastro minero será reabierto de forma gradual. La primera fase, dirigida a la pequeña minería no metálica, comenzará el 16 de junio. En septiembre se abrirá para la pequeña minería metálica y a finales de 2025 se completará la apertura total. El objetivo es facilitar nuevas inversiones con transparencia y sostenibilidad. 3. Auditoría internacional a empresas públicas: Petroecuador, Celec y Cnel serán sometidas a auditorías externas por parte de firmas internacionales como Deloitte, PwC y EY. Estas revisiones incluirán análisis financieros, forenses y revalorización de activos, con el objetivo de combatir la corrupción y transformar estas empresas en referentes de eficiencia y competitividad. 4. Eliminación del subsidio al diésel para atuneros industriales: La medida excluye a las embarcaciones de pesca artesanal, asegurando que el apoyo estatal se mantenga para los sectores más pequeños. El Gobierno argumenta que el crecimiento sostenido del sector atunero, que exportó USD 1.641 millones en 2024, demuestra capacidad para asumir el costo real del combustible. El ministerio de Economía explicó que la medida se concretará a través de un Decreto Ejecutivo y se prevé su vigencia desde las 00:00 del 4 de junio de 2025. 5. Ajuste en tarifas eléctricas para grandes consumidores: El precio del kilovatio hora para el grupo de Alto Voltaje (AV1) subirá de USD 7,91 a USD 10,22, y para el grupo de Medio Voltaje (MV) de USD 9,27 a USD 11,64. Se mantendrán las tarifas subsidiadas para los usuarios residenciales y otros sectores sociales como el bombeo de agua en comunidades campesinas. También te puede interesar: Comprar en Amazon y Temu será más caro en Ecuador: Arancel de USD 20 a paquetes 4x4 se aplicará desde el 16 de junio Con estas acciones, el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca enviar un mensaje de disciplina fiscal, control a la corrupción y racionalización del gasto público, en medio de un contexto de necesidades urgentes de financiamiento. La administración insiste en que los subsidios deben estar dirigidos a quienes realmente los necesitan y que los sectores con mayor capacidad económica deben asumir su parte en la sostenibilidad del Estado. Fuente: La Hora