La Amazonía alberga grandes cantidades de carbono en sus bosques y representa el 10% de la biodiversidad mundial, la que está llegando a un punto de inflexión ecológica irreversible debido a las alarmantes tasas de deforestación, incendios forestales, explotación petrolera, minería, cambio climático, tráfico ilegal de especies y degradación de los ecosistemas. En este bioma viven 47 millones de personas, de las cuales 2 millones pertenecen a pueblos indígenas; su sobrevivencia y bienestar dependen directamente de la salud de los bosques, los ríos, humedales y los servicios ecosistémicos que estos proveen. Debido a políticas de desregularización se favoreció la deforestación y la ampliación de las fronteras agrícolas y extractivas en los últimos años. Desde el 2019 se han perdido extensiones de bosques superiores al tamaño de Bélgica. En el 2021 se quemaron más de 44.000 hectáreas en Brasil, no sólo perdiendo una significativa diversidad biológica sino también aumentando las emisiones de carbono. De seguir esta tendencia, podríamos asistir a consecuencias nefastas para la salud y seguridad alimentaria para Pueblos Indígenas, comunidades locales, la economía regional y la estabilidad climática. El Panel Científico para la Amazonía nos advierte desde hace varios años que la Amazonía puede llegar a un punto de no retorno si se pierde más del 20% de sus bosques y biodiversidad. Esta pérdida incalculable de patrimonio natural también representa un riesgo para la vida y bienestar de las comunidades, alejándonos de las metas globales del nuevo Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal adoptado en diciembre de 2022. El objetivo del Acuerdo de París de evitar los 2°C de calentamiento global y mantener el límite de 1.5°C también estaría en riesgo, ya que la Amazonía almacena entre 367 y 733 gigatoneladas de CO2 en su vegetación y suelos, y actualmente el carbono se está liberando a un ritmo acelerado. Los presidentes actuales de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, impulsan un ambicioso plan para conservar la Amazonía y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. El 8 y 9 de agosto se llevará a cabo en Belém Do Pará, Brasil, una Cumbre Amazónica de la que se espera una declaración política y un plan de acción para detener el punto de no retorno de la Amazonía. Para esta cumbre, varias organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado y gobiernos se encuentran desarrollando propuestas a ser consideradas por los líderes amazónicos. Una pre-cumbre de carácter ciéntifico técnico se celebró en Leticia, Colombia, del 6 al 8 julio para definir las líneas de trabajo para la reunión de presidentes. Hacia la COP30 del Clima que también será en Brasil, se deben sumar un conjunto de acciones que aseguren el detener la degradación de la Amazonía y otros biomas claves para la conservación. Pero salvar la Amazonía va más allá de la voluntad y acuerdos de los países amazónicos. El sistema financiero internacional y los líderes globales tienen una responsabilidad urgente, ya que se requieren de transformaciones estructurales en el sistema de producción y consumo con el objetivo de no superar los 1.5°C y una transición justa que respete los derechos humanos y promuevan el bienestar de las comunidades y pueblos indígenas, su seguridad alimentaria y medios de vida sostenibles, a la vez que elimine la deforestación, la conversión del suelo, el tráfico de especies, la contaminación por minería, y el acaparamiento de tierras. En la Cumbre Amazónica, los gobiernos deben tomar decisiones urgentes para mantener una Amazonía ecológicamente saludable, sus aportes ambientales y culturales a los pueblos locales, los países de la región y el mundo, en un marco de equidad social, desarrollo económico inclusivo y responsabilidad global; mediante políticas hacia una transición energética propia y la diversificación de las matrices productivas. Desde WWF, instamos a los gobiernos amazónicos a que se comprometan a detener las actividades ilegales que perjudican la conservación de la Amazonía, como la producción de oro y otros minerales y, sus efectos adversos de deforestación, contaminación por mercurio de los ríos y erosión del suelo. Asegurar la conservación del 80% de la Amazonia a través de la gestión inclusiva de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas – (OMEC), la protección de territorios indígenas y corredores de conectividad; así como restaurar las áreas degradadas para evitar llegar a un punto de inflexión ecológica. Seguido de planes de acción transfronterizos para abordar los desafíos comunes sobre crímenes ambientales, asegurar cadenas de suministro de productos básicos de exportación y mercados internos libres de deforestación y conversión asociadas, transición hacia ganadería y agricultura regenerativas e impulsar la bioeconomía. La Amazonía hace un llamado al mundo para trabajar en conjunto, y adoptar un Plan de acción estratégico regional de emergencia para la Amazonía. La deforestación se puede evitar mediante un conjunto de acciones a partir de la voluntad política, el compromiso del sector privado y de la sociedad civil. La Amazonía necesita una alianza regional de alto nivel y ambición por la naturaleza, el clima y las comunidades, desde y para América Latina. Texto: María Inés Rivadeneira/ Oficial Senior de Políticas WWF Ecuador, Coordinadora de Políticas para América Latina y el Caribe; Fotografía: Joel Heim/ WWF ECUADOR