En este sentido nace la construcción de la “Ley de Combate al Contrabando”; su propulsor, el asambleísta, Héctor Muñoz, señala que esta propuesta surge tras recabar información de reuniones mantenidas con los representantes de asociaciones de las principales industrias afectadas por esta práctica: sector textil, sector agrícola y ganadero, sector de productores de uvas, industria tabacalera, ANFAB (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas), Cámara de Comercio de Quito; y además, datos de instituciones estatales como SENAE, el Ministerio del Interior, entre otros.Podcast Héctor Muñoz IPodcast Héctor Muñoz II Con la información levantada arrancó la construcción del proyecto de Ley que se basa en tres ejes: Prevención y control (urbano y fronterizo). Creación de un comité interinstitucional. Coordinación entre instituciones estatales. Muñoz señala que la “Ley Anti Contrabando no pretende, ni podría ser la solución definitiva a esta problemática social, pero sí será el primer paso en la construcción de una medida integral que ayude a combatirlo”. La clave para que esta anomalía social se vaya erradicando, está precisamente en el trabajo coordinado entre las instituciones directamente relacionadas como: SENAE, SRI, Ministerio del Interior, empresa privada y la sociedad. “Es por eso que en este proyecto proponemos la creación de un comité interinstitucional que facilite la toma de decisiones y articule una estructura eficiente y integrada”. “Estamos conscientes de que el trabajo aleatorio de cada institución no ha solucionado el problema del contrabando, al contrario, cada día las cifras siguen en aumento. También sabemos que detrás de esta práctica existen mafias organizadas y que lo que se hace visible en la sociedad, solamente es el último eslabón de una gran cadena delincuencial”, afirma el asambleísta Muñoz. BENEFICIOS DE ESTA NORMATIVA La normativa busca ser un instrumento legal que genere herramientas para controlar, penalizar y eliminar el contrabando en Ecuador, tanto el contrabando común -el que entra por las fronteras-, como el técnico -mercadería que entra por aduanas-", afirma el asambleísta. "El continuo incremento del contrabando, la defraudación aduanera y la falsificación de productos y mercancías en el territorio ecuatoriano, representan un riesgo para la seguridad nacional, la ciudadanía y el Estado. Además, distorsiona la dinámica del mercado -competencia inequitativa entre el formal y el informal-. Por esto, se vuelve indispensable la revisión del marco jurídico, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado a través de los esfuerzos público-privados y del establecimiento de mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicados o relacionados con este tipo de actividades sean procesados y sancionados por las autoridades competentes".