Así lo afirma Juan Enrique Quiñónez, Representante a cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Ecuador. “La evidencia nacional y mundial muestra que las escuelas no son el principal foco de contagio sino que por lo general suelen ser espacios públicos o reuniones sociales donde no se cuidan las medidas de bioseguridad o en los hogares. Un estudio de UNICEF y UNESCO en 190 países señala que no existe una relación directa entre el cierre o la apertura de las escuelas y las tasas de contagio en la comunidad si se toman las medidas necesarias de bioseguridad. Más aún mientras todo lo demás permanezca abierto, no tiene ningún sentido cerrar las escuelas, estas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir tras una crisis”, detalla. El representante afirma que los estudiantes en todo el mundo han sufrido pérdidas de aprendizaje. “Según el monitoreo que hacemos con el Ministerio de Educación, en Ecuador 7 de cada 10 estudiantes que se mantienen en la educación virtual dicen estar aprendiendo menos. Además, están más expuestos a trabajo infantil, violencia, y se ha visto deteriorada su salud física, por el aumento del uso de pantallas y del sedentarismo, así como su salud mental, con el aumento del estrés y la ansiedad”.Quiñónez sostiene que la pandemia ha puesto en peligro la garantía del derecho a la educación y los más afectados son los niños en mayor situación de vulnerabilidad, como los estudiantes con discapacidad, en movilidad humana, quienes no tienen los medios para continuar su aprendizaje a distancia o los más pequeños. Por ejemplo, la mayoría de Centros de Desarrollo Infantil siguen cerrados y son clave para el desarrollo y estimulación temprana de la primera infancia. Sobre los estudiantes en movilidad humana Magda Medina, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador, detalla que el derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes (NNA) en movilidad humana está reconocido constitucionalmente. Sin embargo, los NNA se enfrentan a barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la educación como la exigencia de un visado u otros documentos, o la desinformación. “Estas limitaciones se han agravado aún más durante la pandemia. Ahora, la permanencia en el sistema educativo está condicionada por el acceso a conectividad y dispositivos electrónicos, muchas veces inaccesibles para NNA en movilidad humana y que además afecta a niños y niñas ecuatorianos de la misma manera”, detalla. La funcionaria sostiene que esto limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo, colocando en mayor riesgo a la niñez refugiada y migrante y los expone a ser víctimas de violencia, trata, explotación laboral, explotación sexual, especialmente si se encuentran separados de sus familias.