Sin embargo, la comunidad internacional ya ha demostrado que es capaz de enfrentar crisis globales con éxito, como lo hizo con la Convención de Viena (1987) frente a los clorofluorocarbonos y con el Convenio de Minamata (2013) frente al mercurio, dos ejemplos claros de cooperación donde ciencia, diplomacia y voluntad política convergieron para proteger la salud y los ecosistemas. Para el sector privado, estos precedentes muestran algo importante: cuando hay claridad de rumbo regulatorio, la innovación y la reconversión industrial se vuelven posibles. En esa misma línea, la resolución 5/14 de la ONU, adoptada en marzo de 2022, abrió el camino hacia un tratado global jurídicamente vinculante que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos. Más de 70 países de la Coalición de Alta Ambición, junto con organizaciones y comunidad científica, coinciden en que este acuerdo es la herramienta más eficaz para responder a una crisis que ningún país, ni ninguna empresa, puede resolver por sí solo. Desde entonces, las rondas negociadoras en Uruguay, Francia, Kenia, Canadá, Corea del Sur y Ginebra han buscado construir un consenso alrededor de un tratado que incluya: responsabilidades compartidas pero diferenciadas, coherencia regulatoria global que dé previsibilidad al mercado, incentivos a la innovación, financiamiento, transición justa, transparencia y rendición de cuentas. También te puede interesar: ¿Cuánta energía gasta Ecuador en Navidad? Sin embargo, la quinta sesión de negociaciones (INC 5.2), realizada este año en Ginebra, no pudo concluir debido a una marcada división. Por un lado, más de 100 países defendían un tratado con reglas vinculantes sobre el diseño de productos, la eliminación progresiva de plásticos y químicos peligrosos, la creación de mecanismos de financiamiento y procedimientos claros para actualizar el acuerdo. Por otro lado, un bloque liderado por países con grandes industrias petroquímicas buscaba restringir el tratado casi exclusivamente a la gestión de residuos, es decir, a la parte final de la cadena, donde los costos suelen trasladarse al sector público y, en muchos casos, a los propios consumidores. En ese contexto, varios países denunciaron la obstrucción de mala fe como una táctica que impedía avanzar, mientras que organizaciones como Break Free From Plastic y WWF cuestionaron el uso del consenso cuando este se convierte en una herramienta dilatoria y no en un medio para lograr acuerdos sustantivos. Para los actores económicos esto es relevante: cuanto más tarden las negociaciones, más difícil será planificar inversiones en envases, sustitución de materiales o sistemas de REP con una visión a largo plazo. Así, los esfuerzos por lograr un consenso total parecen haberse agotado y hoy permanecen sobre la mesa tres rutas posibles, todas ellas demandantes de liderazgo, responsabilidad y voluntad política de los Estados Miembros: Adoptar el tratado por votación como último recurso, siguiendo el precedente del Tratado de Alta Mar, para impedir que una minoría bloquee un acuerdo global; Convocar una conferencia de alto nivel que permita cerrar los elementos centrales del tratado fuera del marco procedimental del INC; Celebrar una nueva sesión del INC pero con reglas de procedimiento que neutralicen las tácticas dilatorias y mantengan el foco en los puntos de mayor convergencia. También puedes leer: Japón reubica sus árboles sin talarlos para construir nuevas carreteras El aparente fracaso del INC 5.2 no supone un cierre, sino un aplazamiento que obliga a recalibrar la estrategia: reforzar alianzas, asegurar los mecanismos financieros que hagan viable la transición, blindar el proceso con evidencia científica y mantener la presión política. Aun con la renuncia del embajador Luis Vayas como presidente del Comité Intergubernamental de Negociación, Ecuador sigue en posición de desempeñar un papel de facilitador y puente político en la búsqueda de un acuerdo global vinculante frente a la crisis plástica. Al mismo tiempo, el país debe garantizar coherencia entre lo que impulsa en el escenario internacional y lo que implementa a nivel local y nacional para detener la contaminación por plásticos. En definitiva, este es el momento de asegurar un tratado ambicioso y jurídicamente vinculante. Para el proceso global, y para Ecuador, eso significa escuchar a la ciencia, adoptar un enfoque integral de ciclo de vida, establecer metas obligatorias y medibles, asegurar financiamiento adecuado y garantizar una transición justa que incluya a todos los actores de la cadena de valor, especialmente a quienes hoy dependen del reciclaje y de la gestión de residuos o sufren sus impactos. Las empresas que se anticipen a este escenario regulatorio tendrán una ventaja competitiva: podrán innovar antes, acceder a financiamiento climático y demostrar responsabilidad ambiental. La humanidad necesita acciones y un acuerdo a la altura de la crisis que enfrentamos Autores: María Inés Rivadeneira, Gerente de Políticas & Gobernanza, WWF Ecuador Andrés Silva, Oficial de Economía Circular, WWF Ecuador