Según su naturaleza y funciones, las entidades de la SEPS mantienen una relación dual con sus socios, quienes al mismo tiempo son sus clientes, y por su cobertura geográfica, especialmente en zonas de alta ruralidad y pobreza, estas instituciones son fundamentales en los procesos de desarrollo local a través de la prestación de servicios financieros a poblaciones vulnerables. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), a octubre de 2023, el sistema de cooperativas mantenía 9,82 millones de certificados de aportación. En ese mismo periodo, las cooperativas del segmento 1, 2 y 3 y las cuatro asociaciones mutualistas sumaron USD 26.049 millones en activos y USD 22.740 millones en pasivos. Un sector que contribuye a la inclusión financiera y al desarrollo local en las zonas con altos niveles de ruralidad La cartera de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 y mutualistas suma alrededor de USD 19.676 millones, de los cuales el 49% corresponde a créditos de consumo; 40% a microcréditos; mientras que el 9% y 2% a los segmentos de vivienda y productivo, respectivamente. El total de los depósitos captados por el sistema, en cambio, se acerca a los USD 20.885 millones, que se generan de la relación con 5,7 millones de personas (31% de la población nacional). Estos recursos provienen principalmente de mujeres, cuyo aporte al saldo de depósitos se acerca al 53%. El 24,4% de los depósitos y el 34% de créditos corresponden a cantones cuyo nivel de ruralidad es superior al 50%. De la misma manera el 51,3% de la cartera y el 35,7% de las captaciones corresponden a cantones con niveles de pobreza superiores al 50%, lo que evidencia el importante rol de las entidades de la Economía Popular y Solidaria, en la inclusión financiera y en el acceso de servicios financieros en poblaciones de escasos recursos y con altos niveles de ruralidad, lo que, a su vez, estimula la actividad a lo largo del territorio y ofrece oportunidades de acceso a crédito formal. La toma de decisiones desde un enfoque de género A nivel de gobierno, el 52% de los directivos de las entidades financieras de la EPS que ocupan cargos concernientes a toma de decisiones son hombres, mientras que el 48% restante son mujeres. No obstante, en los últimos años se ha observado una reducción en la brecha de género debido a una mayor inclusión de mujeres, especialmente de mujeres de entre 18 y 39 años, segmento de edad en el que, con un 68%, hay más presencia en la toma de decisión. En el caso de la representación legal, la situación es diferente. Al respecto, se observa que el 64% de los directivos que están al frente de las entidades son hombres, con una mayor concentración en los segmentos de 50 años de edad en adelante. También te puede interesar: La economía mundial crecerá sólo un 2,4% en 2024, hilando su tercer año consecutivo de desaceleración Sus segmentos Por su naturaleza heterogénea en cuanto a tamaño, cobertura geográfica, tipo de servicios ofertados y el uso de tecnologías, las cooperativas y mutualistas se agrupan de manera diferenciada y están sujetas bajo la supervisión de la SEPS. Es así que, la entidad de control establece cinco segmentos en los que clasifica a las diversas organizaciones en base a su nivel de activos. Las 49 instituciones del Segmento 1, incluidas las cuatro mutualistas, concentran el 75% de los certificados de aportación, el 85% de los activos y el 82% de los pasivos de todo el sistema. La cartera de crédito al 31 de diciembre de 2023 alcanzó los USD 16.611 millones, lo que representa un 8,7% de crecimiento respecto a lo registrado en 2022. Por su parte, las obligaciones con el público sumaron USD 18.424 millones, con un crecimiento anual del 6,9%. Este grupo se caracteriza por su amplia cobertura regional y entre las entidades que se destacan están seis cooperativas y una mutualista: Cooperativa JEP (USD 3.272 millones en activos); Jardín Azuayo (USD 1.563 millones); Policía Nacional (USD 1.521 millones); Cooprogreso (USD 1.180 millones); Alianza del Valle (USD 1.174 millones); 29 de Octubre (USD 1.007 millones) y Mutualista Pichincha (USD 841 millones). Las entidades del Segmento 2, comprendida por 57 cooperativas, mantienen 1,33 millones de certificados de aportación, USD 2.560 millones en activos, USD 2.095 millones en cartera de crédito y USD 1.862 millones en depósitos. El segmento reporta un incremento anual del 21,6% en los créditos y un 20% en depósitos. En el caso de las cooperativas del Segmento 3, conformada por 98 instituciones, registran un poco más de 682 mil certificados de aportación y activos por USD 1.083 millones, la cartera de crédito suma USD 895 millones, mientras que, las obligaciones con el público alcanzan USD 779 millones. Dentro de los Segmentos 4 y 5 se encuentran 204 instituciones que suman aproximadamente 433 mil certificados de aportación. El sistema financiero de la EPS, un sector aliado para enfrentar la crisis e incertidumbre en 2024 Luego de haber alcanzado una tasa de 2,9% en 2022, el crecimiento de la economía ecuatoriana se desaceleró hasta situarse en un 1,5% en 2023. Esta cifra se explica por un incremento del consumo de los hogares en un 2,8%, y, en menor medida, del gasto de gobierno en un 0,6%; a esto se suma un crecimiento de las exportaciones en un 1,7%. Las perspectivas favorables de estos indicadores contrarrestaron los efectos de la caída de la inversión que se situó en un -0,1%, según información del Banco Central del Ecuador (BCE). No obstante, la economía se desenvolvió en medio de un escenario mundial marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales y un mercado interno afectado por la crisis de inseguridad y crecientes riesgos sociales y políticos. Precisamente, en este contexto, las entidades financieras, especialmente de la EPS, asumen un papel relevante como intermediarios que canalizan la liquidez hacia las unidades productivas de la economía popular y solidaria, promoviendo el desarrollo local y garantizando los procesos de producción, especialmente en las zonas rurales y con altos niveles de pobreza. La liquidez en este sector responde a un incremento en los depósitos. Entre 2022 y 2023, este indicador creció de USD 19.635 millones a USD 21.065 millones, lo que equivale a un crecimiento de 7,3%. Asimismo, la cartera de crédito aumentó en USD 1.651 millones y se totaliza en USD 19.600 millones, según la SEPS. De acuerdo con las estimaciones del BCE, la economía ecuatoriana alcanzará una tasa de crecimiento de 0,8% al cierre de este año, cifra notablemente inferior a las de 2022 y 2023, y se debe principalmente a las dificultades que atravesará el sector exportador, especialmente el sector petrolero (por el cierre del bloque ITT) y camaronero (por una caída de los precios internacionales), y a la profundización de la crisis de inseguridad; elementos que han provocado incertidumbre y un deterioro de la imagen del país que afecta a la atracción de inversión y desarrollo del turismo. Frente a ello, las decisiones políticas son fundamentales para reducir la incertidumbre en los mercados y mejorar el ambiente de negocios; es así que, la unidad entre los diferentes actores de la economía, tanto del sector público como privado, es un factor clave que fortalecerá las acciones del Estado en su lucha contra la inseguridad y los desafíos económicos que se vislumbran en 2024. Por: Juan Carlos Zabala A. y Jonathan Guamán Ch., Ekos Research