547 cooperativas de ahorro y crédito, cuatro asociaciones mutualistas y dos organizaciones de segundo piso integran el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria. Por el tipo de relación que mantienen las instituciones con sus socios, que a la vez son sus clientes, y por su ubicación geográfica en zonas de alta ruralidad y pobreza, estas entidades son actores claves para proveer servicios financieros a poblaciones vulnerables. De acuerdo a información de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), a diciembre de 2019, el sistema de cooperativas mantenía 7,79 millones de certificados de aportación, sumaba USD 16.132 millones en activos y USD 13.784 millones en pasivos. Ello representa casi un tercio de la actividad de intermediación financiera del país, al concentrar el 27,2% de las captaciones y el 28,6% de las colocaciones del sistema financiero privado. Un sector que dinamiza la economía La cartera de crédito del sistema asciende a USD 12.015 millones, de los cuales el 50,3% corresponde a créditos de consumo; 36,3% a microcréditos; y, el 13,4% a los segmentos de vivienda, comercial, productivo y educativo. El 68,4% de las colocaciones de microcrédito en el sistema financiero privado se genera en las instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria (EPS). El total de depósitos captados por el sistema alcanza USD 12.555 millones, que se generan de la relación con 5,54 millones de depositantes (32% de la población nacional). El 49,2% proviene de mujeres y el 50,8% de hombres, sin embargo, las mujeres mantienen el 52,4% del saldo total de los depósitos del sistema. El 24,7% de los depósitos y el 32,7% de créditos corresponden a cantones cuyo nivel de ruralidad es superior al 50%. De la misma manera el 49,7% de la cartera y el 35,7 % corresponden a cantones con niveles de pobreza superiores al 50%, lo que demuestra la importancia de las entidades de la Economía Popular y Solidaria, en la inclusión financiera y el acceso de servicios a las zonas más necesitadas del Ecuador. Esto se corrobora al analizar la distribución de los puntos de atención del sector ya que de los 3.458 puntos que existen, 2.128 se encuentran en cantones con niveles de pobreza superior al 50%. Sus segmentos Debido a la naturaleza heterogénea de sus miembros en cuanto a su tamaño, cobertura geográfica, tipo de servicios que ofrecen y tecnologías que aplican las instituciones del sistema cooperativo deben agruparse y supervisarse de forma separada. Es así que la SEPS establece cinco segmentos en los que distribuye a las diferentes organizaciones en base a su nivel de activos. Las 33 instituciones del Segmento 1, más las cuatro mutualistas concentran el 64% de los socios, el 69% de los activos y el 80% de los pasivos de todo el sistema. La cartera de crédito al 31 de diciembre 2019 alcanzó USD 9.275 millones, lo que representa un 15% de crecimiento respecto a lo registrado en 2018. Por otro lado, las obligaciones con el público alcanzaron USD 10.128 millones con un crecimiento anual del 19%, superior incluso a lo registrado por la banca privada. Este importante grupo tiene mayor cobertura regional y está dominado por cuatro cooperativas y una mutualista que son: Cooperativa JEP (USD 2.265,25 millones en activos); Jardín Azuayo (USD 984,71 millones), Policía Nacional (USD 830,38 millones); Mutualista Pichincha (USD 765,97 millones); y, Cooprogreso (USD 606,40 millones).Las cooperativas del Segmento 2, compuestas por 42 instituciones, mantienen 1,38 millones de certificados de aportación, USD 1.893 millones en activos, USD 1.516 millones en cartera de crédito y USD 1.327 millones en depósitos. El crecimiento de este segmento es menor ya que reporta tan solo una variación anual del 5% en los créditos y un 3% en depósitos. Si analizamos las cooperativas Segmento 3, compuestas por 71 instituciones, vemos que mantienen 800 mil socios y activos por USD 988 millones, la cartera de crédito suma USD 678 millones mientras que las obligaciones con el público alcanzan USD 631 millones. Dentro de las entidades Segmento 4 y 5, se encuentran 392 instituciones con activos menores a USD 5 millones, que atienden a 627.504 socios y acumulan USD 559 millones en activos. Son estas organizaciones las que a lo largo de los últimos años han atravesado un proceso de ventas y fusiones lo que ha hecho que su número vaya reduciéndose a lo largo del tiempo. El objetivo de fusionar estas organizaciones con otras del sistema financiero popular y solidario es el de constituir instituciones más sólidas con menores niveles de riesgo. Dinamismo creciente del sector en general De esta forma el sistema financiero popular y solidario muestra un dinamismo y crecimiento importante reflejado en sus niveles de activos, cartera y depósitos, convirtiéndose en las entidades de mayor crecimiento en el sector financiero privado. Sin embargo, dada su heterogeneidad marcada por la diferencia de tamaño, tecnología, gobierno corporativo y patrimonio, entre las del Segmento 1 respecto al resto de entidades que lo conforman, es necesario una supervisión activa para reducir los niveles de exposición al riesgo en especial de las instituciones más pequeñas. De esta manera es necesario continuar con el proceso de depuración, venta y fusión de las entidades de los segmentos 4 y 5. Además, en los segmentos 2 y 3 hay que monitorear los niveles de morosidad, provisiones y solvencia patrimonial. El efecto Covid en el Sistema Al cierre del primer semestre se observa que el sistema Financiero, Popular y Solidario contó con la confianza de sus socios que mantuvieron los niveles de depósitos en USD 12.741 millones, un 1,5% más que lo registrado en diciembre de 2019. El diferimiento de los créditos, ordenado por el Gobierno entre marzo y junio, afectó los procesos normales de recuperación y reinversión de la cartera de crédito. En el caso del sistema cooperativo, el 55% de los créditos se difirieron para el segundo semestre y no está claro cómo ello afectará a los niveles de morosidad y provisiones del sistema. Se espera que la calidad de la cartera se deteriore en las nueve provincias más afectadas por la pandemia (Guayas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Azuay y Loja), en especial en aquellas actividades que se han paralizado de forma importante como es el caso del sector de la Hospitalidad, Construcción y Comercio. Otro efecto es la desaceleración en la cartera de crédito que se redujo de USD 12.015 millones a USD 11.998 millones, entre diciembre de 2019 a junio 2020. La reducción en la intermediación impactará en los resultados, varias instituciones reportarán pérdidas o verán reducidos sus márgenes. En el primer semestre la rentabilidad sobre activos bajó del 0,96% al 0,69%. La tarea de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y de la Junta de Regulación y Política Monetaria resulta clave ya que se debe normar, controlar y evitar que el incremento de la morosidad y provisiones, una vez que termine el periodo de diferimiento, afecte el patrimonio de las entidades. El sistema financiero popular y solidario se mantiene sólido y líquido, aunque debe ser monitoreado y vigilado para evitar un deterioro por los riesgos del entorno. Pese a esto la responsabilidad y oportunidad que tienen sus instituciones, es la de apoyar la recuperación y reactivación de las actividades productivas, en especial en aquellos sectores no cubiertos por la banca tradicional. Las empresas y los pequeños productores necesitan liquidez y servicios financieros para encender nuevamente el motor de la economía. Por _ Víctor Zabala AndradeFuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria