En un momento de controversia política y guerra económica, la incorporación de criterios de sostenibilidad en las normativas juega una suerte de medida proteccionista, a la vez que favorece la competitividad de los proveedores y el impulso de las mejores prácticas. Europa ha venido liderando la agenda al respecto, enfocados en la debida diligencia, entendida como la identificación de los riesgos y el planteamiento de medidas de prevención y mitigación, conectados con la deforestación, la afectación a los derechos humanos, la generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre otros posibles impactos generados por las empresas, que se traducen a su vez en riesgos y oportunidades de cumplimiento, financieras, operacionales, etc. La Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad (CS3D) lanzada en 2024 supuso un paso adelante luego de algunos avances previos de países como Alemania, Francia, Holanda y Noruega. Vio la luz tras una difícil tramitación, requiriendo a las empresas la identificación y acción al respecto tanto en sus operaciones directas como en sus cadenas de valor globales. Conecta con las empresas latinoamericanas de dos maneras: 1) por la incidencia en empresas extranjeras que operen en el mercado europeo, siempre que facturen más de 450 millones en la UE; 2) como proveedores de las empresas UE afectadas, especialmente si son proveedores directos (tier 1). A pesar de la simplificación normativa ocurrida en febrero, como primer paquete ómnibus, esto se mantiene, siendo los cambios sobre la frecuencia en la realización de las debidas diligencias, los grupos de interés a involucrar, y las responsabilidades asociadas, entre otros factores. Hay mucho cuidado de la UE en que no se vea como el establecimiento de medidas fuera de su jurisdicción. Por otra parte, aunque postergado un año en su aplicación, se encuentra el Reglamento Europeo de Cadenas Libres De Deforestación (EUDR), que se enfoca en 7 sectores en particular: soja, carne de vacuno, aceite de palma, madera, caucho, cacao, café, y productos derivados de los anteriores. La presentación de información por los grandes operadores y comerciantes que introducen los productos en la UE entra en vigor en diciembre de 2025, sin que la UE haya establecido ninguna modificación adicional en estos meses. Esto impulsa la solicitud de información aguas arriba en las cadenas de suministro, para demostrar que no se ha generado deforestación. También te puede interesar: Cascos Verdes Ecuador realizó sus primeras reforestaciones con éxito Como arancel ambiental más marcado, destaca el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que busca evitar la fuga de carbono, esto es, que las empresas europeas externalicen las actividades más intensas en carbono fuera de la UE en lugar de actuar sobre la reducción de emisiones. Afecta inicialmente a cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y la electricidad. El período transitorio termina este año, dando paso en 2026 a la declaración anual de la cantidad de mercancías importadas en la UE el año anterior y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) implícitas, y la compra del equivalente de certificados CBAM. Luego de la simplificación normativa ómnibus, pasan a tener que hacerlo aquellas empresas que importen más de 50 toneladas anuales de CO2. Esta presión por parte de la regulación europea sirve de referente para normas en otros mercados. Además, se suma a los requerimientos de los grandes compradores en los mercados maduros, caso de las grandes supermercadistas (Tesco, Casino, Walmart, entre otros). De esta manera, la exigencia a los proveedores en América Latina es notable y no siempre acompañada de apoyo mediante programas que faciliten el acceso a tecnología, la instalación de conocimiento y capacidades, etc. Desde la gestión de riesgos de una compañía, la visión y acción debe ser siempre integral con la cadena de valor, accionando sobre proveedores, pero también sobre los distribuidores y clientes. Los posibles impactos que generen los productos en su ciclo de vida, en temáticas ambientales y sociales, como la disponibilidad de agua, las prácticas laborales, la salud de los consumidores, etc., pueden afectar a la empresa principal, tanto en su reputación como de manera judicial. Esta búsqueda de responsabilidad podría incidir en su operatividad, ventas, y acceso a financiamiento. Las empresas tienen por tanto la oportunidad de trabajar proactivamente para reducir esos riesgos en su cadena. Con los proveedores, se parte de la fijación de criterios más exigentes que el propio cumplimiento de las normativas locales que apliquen en cada caso (esto es el piso base), alineados con la excelencia de sostenibilidad que busca la empresa principal. Respecto de los resultados que se obtengan, especialmente en el caso de las pymes, no se trata de excluir al proveedor (en muchos casos no hay alternativa), sino apoyarle para atender las brechas que se hayan identificado, mediante formación, asesoría, acceso a especialistas terceros, entre otras posibilidades. Las estrategias de sostenibilidad de las empresas ya van integrando estas acciones, con la activa participación de sus equipos de compras. Por otra parte, también esta siendo clave, que los proveedores que van avanzando en estas prácticas obtengan mejores condiciones financieras. En mercados como Colombia, México, Chile, estamos viendo ya casos de confirming y/o factoring sostenible, en que los proveedores tienen mejores condiciones de crédito y/o compra de sus facturas (respectivamente), lo que facilita que esas empresas vean un beneficio económico tangible inmediato. Con este contexto de mercado y normativo, y las oportunidades de acción propuestas, las empresas están en un momento clave para elevar sus exigencias en la cadena de valor, especialmente con los proveedores, desde la óptica de su gestión de riesgos. El enfoque de colaboración resulta fundamental, considerando además la enorme relevancia de las pymes en la mayoría de las cadenas. Avancemos. La sostenibilidad se convierte en una ventaja competitiva en las cadenas globales. Por: Pablo del Arco Fernández, Director América en Valora Consultores