La decisión responde a una “racionalización” del servicio anunciada por los transportistas de Pichincha, quienes limitaron la operación de buses entre las 08:00 y 19:00, cuando el horario habitual se extiende desde las 05:00 hasta las 22:00. Según el gremio, el sistema enfrenta una crisis financiera que impide sostener la operación en condiciones normales, agravada por el fin de las compensaciones estatales tras la eliminación del subsidio al diésel. Te puede interesar: Nuevo club de día para adultos mayores abre en Quito Se estima que cerca de 1,8 millones de usuarios del transporte intracantonal podrían verse afectados por la reducción de frecuencias y horarios. En sectores como Carapungo, La Marín o La Magdalena, se registraron aglomeraciones de personas buscando movilizarse, mientras que el tráfico vehicular aumentó considerablemente en zonas clave de la ciudad como El Trébol, La Carolina y la Avenida de la Prensa. Desde el gremio, liderado por Jorge Yánez, se ha señalado que la medida busca también presionar al Municipio de Quito para abrir un diálogo sobre la sostenibilidad del sistema. Entre las principales demandas están el incremento de la tarifa del pasaje o la implementación de nuevos mecanismos de compensación, similares a los que reciben sistemas municipales como el Metro, la Ecovía o el Trolebús. La reducción del servicio coincide además con la aplicación del toque de queda vigente en varias provincias, lo que limita aún más la operación nocturna y afecta los ingresos del sector. Este contexto ha llevado a los transportistas a optimizar recursos y ajustar operaciones como una estrategia para sostener el servicio en medio de un entorno económico adverso. También puedes leer: Back to School dinamiza el consumo en la Costa ecuatoriana: canal tradicional lidera el crecimiento y supera el promedio país Por su parte, el Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que se iniciarán procesos administrativos contra quienes no brindaron el servicio hoy. Esto, en respuesta a un comunicado previo por parte del Municipio que mencionaba posibles sanciones económicas a las operadoras que incumplan los horarios establecidos, con multas que podrían alcanzar hasta ocho remuneraciones básicas. Sin embargo, el gremio insiste en la necesidad de establecer mesas técnicas urgentes que permitan encontrar soluciones estructurales para evitar un deterioro mayor del sistema. Mientras continúan las tensiones entre autoridades y transportistas, la crisis ya tiene efectos visibles en la productividad urbana y en la movilización de los ciudadanos. Fuente: Notimundo | Teleamazonas | El Comercio