La Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los servicios financieros tecnológicos, conocida como Ley Fintech, entró en vigor en Ecuador el 22 de diciembre de 2022, con el objetivo de crear un marco habilitador para las empresas fintech en el país. Las actividades fintech estarán reguladas por la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), excepto aquellas que estén relacionadas con el sistema de pagos, en cuyo caso su regulación corresponderá a la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM). Antonieta Cabezas, Superintendente de Bancos (s), considera que el desafío de la Superintendencia de Bancos ante la Ley Fintech es apoyar el desarrollo de la innovación y la tecnología en los servicios financieros, manteniendo la estabilidad financiera y el resguardo de los derechos de los usuarios de servicios financieros, tomando como referencia los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el desarrollo de la actividad y controlar los riesgos asociados. Por su parte, Marco Rodríguez, Presidente de la Asobanca, cree que la regulación es necesaria para preservar la estabilidad financiera y la seguridad de los participantes del sistema, pero señala que esta ley es sumamente general y tiene algunos aspectos que requieren de desarrollo normativo secundario para el correcto funcionamiento de estas nuevas actividades, para poder tener certeza en cuanto al funcionamiento y su autorización y control. Además, señala que la Ley Fintech incluyó la prohibición de que las entidades financieras privadas (bancos) puedan invertir en entidades de servicios financieros tecnológicos lo cual resulta contrario a lo que establece la Constitución. También te puede interesar: La aceleración de los pagos digitales Natalia Almeida, Subdirectora de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), que participó en varias de las mesas de construcción de la Ley Fintech, cree que la actual ley tiene trabas que tienen que ver más con la sobrerregulación, lo que significa una barrera para la supervivencia de los negocios tecnológicos. La Ley Fintech es vista como un paso importante para el desarrollo de la industria fintech en Ecuador, pero se requiere de un desarrollo normativo secundario para que se pueda operar de manera efectiva. Además, algunos aspectos de la Ley, como la prohibición de que los bancos privados puedan invertir en entidades de servicios financieros tecnológicos, han generado críticas y preocupaciones en el sector.