La Agenda 2030 que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exige nuevos esfuerzos para incorporar la perspectiva de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los procesos de desarrollo económico, social y ambiental. En Ecuador persisten importantes brechas de género que limitan el empoderamiento de las mujeres, así como su oportunidad de ejercer plenamente sus derechos. Esta situación muchas veces queda invisibilizada debido a la falta de información desagregada por sexo. En este marco, el propósito general del ‘Perfil Nacional sobre Igualdad de Género’ es fortalecer la comprensión nacional sobre la situación de Ecuador en relación con el cumplimiento de los compromisos internacionales, regionales y nacionales para la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Para ello se identificaron brechas y prioridades con el fin de apoyar la implementación de la Agenda 2030. El perfil se construye desde un enfoque mixto de investigación, que incluye el procesamiento de información estadística disponible en fuentes oficiales, la ejecución de un proceso consultivo con actores del sector público, la academia, la sociedad civil, representantes de organismos internacionales y agencias de las Naciones Unidas, y la revisión de documentos e informes generados previamente sobre diferentes temáticas relacionadas. La población en Ecuador aumentó de 15 millones de personas en el 2010 a 17,5 millones en el 2020, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con una representación de las mujeres del 50,5%. Las áreas urbanas muestran una sobrerrepresentación de mujeres (51%), mientras que en áreas rurales existe un mayor porcentaje de hombres (50,4%). Se evidencia un proceso de urbanización con sobrerrepresentación de mujeres. La desigualdad en la participación laboral entre hombres y mujeres es evidente en Ecuador. Si bien el 52% de las personas en edad de trabajar son mujeres, la participación laboral global, a lo largo del 2021, da cuenta de que apenas el 54,5% de las mujeres en edad de trabajar se encuentran realizando o buscando un trabajo remunerado, en comparación con el 78,6% de los hombres. Es imperativo reducir esta desigualdad tanto en términos de justicia como para potenciar la capacidad productiva, aprovechando el denominado bono de género, incluyendo a las mujeres hasta alcanzar la paridad de género en actividades remuneradas. La erradicación de la pobreza se mantiene como una tarea pendiente. En el 2021, la tasa de pobreza multidimensional de las mujeres rurales es del 68,5%, siendo 45 puntos porcentuales mayor a la tasa registrada en las mujeres urbanas (23,8%). La tasa de pobreza multidimensional (se identifica a una persona como pobre multidimensional cuando tiene privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados y como pobre extremo multidimensional cuando tiene al menos la mitad de privaciones en los indicadores ponderados) de mujeres indígenas, montubias y de niñas y adolescentes alcanza el 78,1%, 57,3% y 45,8%, respectivamente. Estos grupos de mujeres son los que presentan diversas vulnerabilidades y requieren especial atención. De manera más específica se observa que, entre el 83% y el 85% de niñas y niños indígenas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, siendo el grupo poblacional más empobrecido del país. Por su parte, en cuanto a personas adultas mayores, el porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional es del 58,4%; 52,5% y 20,6% para el caso de montubias, indígenas y afroecuatorianas, mientras que para los hombres estos valores son de 50,2%, 42,2% y 18,0% respectivamente. Estas cifras evidencian una marcada brecha de género en cuanto al nivel de empobrecimiento y vulnerabilidad de personas de 65 años o más. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) de 2019 revela que el 64,9% de las mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia durante sus vidas.El mismo instrumento identifica que entre el 80% y el 98% de ellas no denunció la violencia, lo cual pone de manifiesto el desafío que tiene el Estado para mejorar el acceso y la confianza en el sistema judicial. Por su parte, entre el 2015 y 2021 se contabilizan 491 muertes de mujeres tipificadas como femicidios.Mientras tanto, el número de muertes violentas contra mujeres aumenta a partir del 2018, con un repunte significativo en el 2021, un año marcado por el recrudecimiento de la crisis de seguridad y violencia que enfrenta el país. El Comité de la CEDAW ha expresado su preocupación por la escasez de servicios públicos especializados de apoyo a las víctimas (como centros de acogida para víctimas de violencia de género), el bajo índice de denuncia y la falta de confianza de las víctimas en las fuerzas del orden.Recomienda al Estado garantizar la disponibilidad y la calidad de estos servicios, así como la formación constante de su personal. Oportunidades para acelerar el cambio Con base en las problemáticas presentadas se plantean recomendaciones que pretenden convertirse en palancas de cambio para acelerar la transformación social hacia la igualdad real y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, principalmente de los grupos más vulnerables, desde un enfoque interseccional, mediante acciones priorizadas para: