Para ello, es fundamental que dejen atrás un entendimiento filantrópico de los temas sociales y ambientales, y que los aborden desde el negocio, viendo como desarrollar un portafolio de productos que generen impactos positivos en esas temáticas. En la hoja de ruta global para frenar el cambio climático, para financiar los compromisos asumidos por los países (en sus Contribuciones Nacionales Determinadas, NDC), se hablaba en 2022 de alrededor de USD 4,3 billones de USD (datos del World Resources Institute), con más de la mitad destinado a acciones de mitigación. Aquí encajan los proyectos de eficiencia energética y abastecimiento de energías renovables, entre otros. A nivel global, para ver ese potencial podemos tomar de ejemplo el plan de inversiones del Green Deal europeo, la estrategia de crecimiento y recuperación post Covid, con el que se busca movilizar EUR 1 billón en los siguientes 10 años (aprobado en 2022). Las entidades financieras tienen la oportunidad de desarrollar productos con los que atender esas necesidades, y en el Ecuador, se han sucedido los bancos que han lanzado líneas de crédito verdes. El escenario ha dado lugar a dos necesidades imperiosas: 1) poner orden en lo que cada entidad califica como verde, para lo que se está trabajando en una taxonomía gremial inicial y que sustente el propia país, como las ya lanzadas en Colombia, México y Panamá; 2) apoyar a los ejecutivos en la comercialización de los productos, integrando además orientación sobre la gestión de sostenibilidad como valor agregado. De esta manera, el cliente sabe para qué puede necesitar las inversiones y éstas llegan via crédito verde. Forma parte de la evolución en el rol de la banca, como asesor de sus clientes, también en los temas de sostenibilidad, que ya está presente en la visión de destacados ejecutivos y en la transformación de los equipos. Según datos de ASOBANCA, disponibles para el ejercicio 2022, el año cerró con una cartera de créditos verdes y/o con componente social (de inclusión) de USD 3.199 millones, un 64% más que el año anterior; de esta manera, esta parte de la cartera representó el 8,3% del total, existiendo todavía una enorme posibilidad de crecimiento. En el país, la mayoría está destinado a inclusión, USD 2.674 frente a los USD 525 millones propios de créditos verdes. Esto corresponde a la necesidad de montar esos proyectos ambientalmente amigables, en un contexto de desigualdad social que apremia la inclusión financiera. Plasma además el movimiento impulsado a nivel gremial con el Protocolo de Finanzas Sostenibles, hoy ya en su segunda versión, y enfoque socioambiental. También te puede interesar: Inseguridad, desafíos fiscales y reactivación: Ecuador en guerra Las oportunidades para que las entidades financieras obtengan recursos que canalizar como crédito está en las emisiones de bonos temáticos, en que Ecuador destaca en la región por ser de mayor número de operaciones en relación al tamaño de su mercado financiero. La trayectoria comenzó con el Bono verde Banco Pichincha en 2019 y el bono social de Banco Guayaquil en 2020 y ha seguido, sumando también la figura de bonos sostenibles (en que se usan los recursos tanto para fines sociales como ambientales, créditos en el caso de los bancos) y derivados de los bonos verdes dedicados a los océanos y otros recursos hídricos (bonos azules) y bonos sociales con diferentes componentes de diversidad (género, migrantes, población indígena, etc.). Con los recursos disponibles y un cambio en el enfoque comercial, las oportunidades pueden ser aprovechadas. Por: Pablo del Arco Fernández - DIRECTOR AMÉRICA VALORA CONSULTORES