Un tribunal del distrito de Santa Fe, Nuevo México, condenó a Meta a destinar USD 567 millones a un fondo para la reparación de la salud mental de niños y adolescentes, al considerar que el funcionamiento de Facebook e Instagram genera efectos perjudiciales para este grupo de usuarios. En la resolución, el juez Bryan Biedscheid concluyó que las plataformas de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg constituyen un "perjuicio público", ya que su diseño busca maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando ello afecta la salud y la seguridad de los adolescentes. Te puede interesar: Apple transforma la compra de tecnología con un modelo de suscripción La decisión pone fin a la segunda fase de un proceso civil iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes y de exponer a menores a riesgos de explotación por parte de depredadores sexuales. Además de la compensación económica, el fallo ordena a la empresa implementar nuevas medidas de protección para los menores. Entre ellas figuran límites de tiempo de uso para adolescentes, restricciones en las notificaciones y un fortalecimiento de los mecanismos para verificar y atender denuncias relacionadas con abusos contra niños. Esta no es la primera sanción que enfrenta Meta dentro del mismo proceso judicial. En una etapa preliminar, otro tribunal ya había impuesto a la compañía un pago de USD 375 millones por considerar que incumplió la legislación de protección al consumidor al generar una percepción errónea sobre la seguridad que ofrecían Facebook e Instagram a los menores. El caso se suma a una creciente presión regulatoria sobre las grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos y otros países. Según el proceso judicial, Meta y otras empresas del sector enfrentan múltiples demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Paralelamente, países como Francia, Dinamarca y Portugal han restringido el acceso de menores a estas plataformas, mientras que Reino Unido exige mecanismos de verificación de edad bajo la amenaza de sanciones económicas para quienes incumplan la normativa. (I) Fuente: El Mundo