Para la Cámara de Industrias y Producción (CIP), 2026 será un año bisagra: la posibilidad de convertir el rebote de 2025 en crecimiento sostenido dependerá, sobre todo, de sostener la confianza y ejecutar una agenda de competitividad. María Paz Jervis, su Presidenta Ejecutiva, ve condiciones externas y financieras más favorables —más liquidez, reservas en niveles récord y un mejor pulso exportador—, pero advierte que el desempeño industrial no está garantizado. En su lectura, dos variables pueden inclinar la balanza: la gestión del déficit eléctrico y la estabilidad de la producción petrolera, incluidos derivados. Si se sostienen expectativas y las condiciones financieras internacionales acompañan, “el crédito podría mantenerse” con depósitos y financiamiento externo, amortiguando un escenario en el que las remesas podrían estancarse por efectos de tarifas de Estados Unidos. El freno estructural: el costo país El mayor freno, sin embargo, es estructural. Jervis lo resume en un concepto: costo país. No se refiere solo a lo tributario, sino también a la carga regulatoria, la rigidez laboral y la inseguridad física y energética que elevan el costo de operar, contratar e invertir. “El desafío para el sector productivo es uno solo: el costo país”, sostiene, porque esa fricción resta competitividad frente a mercados con reglas más simples y previsibles. También te puede interesar: Sector cooperativo en Ecuador: entre la defensa del sector y el desafío del crecimiento Energía: el riesgo que sigue latente En ese tablero, la energía sigue siendo el riesgo más crítico. Jervis advierte un riesgo moderado de apagones hacia el final del año y recuerda el impacto del último episodio: los racionamientos de 2024 restaron más de 1,4 puntos del PIB al crecimiento. “Sin suministro, el costo lo paga directamente la producción”, enfatiza, al plantear que la confiabilidad eléctrica no es solo un tema técnico, sino un factor de inversión y credibilidad. Inseguridad y formalización: el “impuesto” sobre la producción A la electricidad se suma la inseguridad, que —dice— ya funciona como “un impuesto” para la producción y la inversión, al agregar presiones de costos estimadas alrededor del 10%. El efecto va más allá del gasto en protección: condiciona decisiones de expansión y complica la formalización, en un mercado laboral que, según la CIP, impone barreras y eleva el costo de contratar. Dónde puede crecer la industria En cuanto a motores de crecimiento, Jervis descarta una narrativa de sustitución de importaciones y defiende la complementariedad: “el 70% de lo que se importa, excluyendo combustibles, son bienes productivos”, como materias primas y bienes de capital para invertir y producir. El foco, plantea, debe estar en escalar lo que Ecuador ya hace mejor y donde puede sumar valor: agroindustria; elaborados de pesca y acuacultura; y encadenamientos como empaques, procesamiento de primarios y conservas. También prevé un efecto arrastre si la construcción se recupera, impulsando metalmecánica, madera y servicios asociados. Del precio al valor agregado El salto, insiste, es pasar del precio al volumen y la calidad: más productividad, innovación, estándares y encadenamientos para generar empleo formal sostenido. “La oportunidad más clara no es producir de todo, sino especializar y escalar”, afirma, con clústeres, certificaciones y logística confiable como condiciones para competir. También puedes leer: Medir para transformar: la evaluación educativa como palanca de mejora en Ecuador Comercio exterior: acceso no es aprovechamiento En comercio exterior, la CIP ve oportunidades en Estados Unidos, China, Comunidad Andina y Unión Europea, pero con una advertencia: el acceso no basta si no se fortalecen capacidades de calidad, trazabilidad, certificaciones y sostenibilidad verificable. Jervis pide destrabar sobretasas en EE. UU. y avanzar en acuerdos pendientes —como Emiratos Árabes Unidos y Canadá—, junto con una agenda interna de facilitación: puertos y aduanas predecibles, interoperabilidad digital, tiempos de despacho competitivos y financiamiento de capital de trabajo. Una agenda 2026 para sostener inversión y empleo El cierre de Jervis es una hoja de ruta concreta: blindar energía con potencia firme y un mercado energético funcional; mejorar seguridad; aplicar regulación inteligente y digitalizar trámites; y llevar la consolidación fiscal hacia una lógica proinversión, ampliando base tributaria y elevando la calidad del gasto. Si esa agenda baja el costo país, 2026 podría ser el punto de inflexión para que industria, inversión y empleo formal dejen de depender del rebote y pasen a depender de reglas estables.