Mientras que América Latina suele ser una de las regiones más afectadas, también registra una cantidad superior de personas defensoras que fueron atacadas por promover el desarrollo sustentable y luchar contra iniciativas que ponen en peligro a sus comunidades, según el más reciente informe de Global Witness. El estudio también sostiene que México, Colombia y Brasil concentran los números más altos a nivel global. En el caso de México, de acuerdo con datos de Front Line Defenders, en 2020 se registraron 19 asesinatos (cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans). Además, en ese país, la organización registró 499 agresiones a personas defensoras del medio ambiente. Para cambiar esta situación y garantizar sus derechos humanos, mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas se reunieron en México para la Consulta sobre la Recomendación General 39 de la CEDAW, enfocada en los Derechos de las mujeres y niñas indígenas. La organización de la Consulta Regional estuvo a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres de México, ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comité de Expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). La Recomendación General 39 orienta y obliga a los Estados parte a implementar medidas legislativas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, y fue adoptada por la CEDAW el pasado 26 de octubre de 2022. Mujeres líderes en comunidades organizadas Francisca González Gutiérrez vive en Chicomuselo, Chiapas, México. Como integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García", Parroquia San Pedro y San Pablo, se opuso al extractivismo minero en la zona. “Desde 2009 iniciamos una defensa de la Madre Tierra y el territorio contra la empresa canadiense Blackfire, pues el desafío más grande ha sido que, como mujeres, en los tejidos, pues no nos dan el derecho a participar, porque dicen que es más de hombres dar permiso a las empresas mineras y decidir por la vida”, sostiene. Por ahora, su comité cuenta con el apoyo de algunas instituciones religiosas y de organizaciones no gubernamentales con quienes se aliaron para enfrentar a las empresas que buscan instalarse en la zona con prácticas contaminantes. “El Estado es el primero que debe de respetar, garantizar y promover los derechos humanos”, expresa. “Lo que buscamos es que no se llegue al individualismo, sino que sea un trabajo más colectivo, más solidario, para que podamos defender a la Madre Tierra, ya que de ahí nos alimentamos, y si no hay Tierra, no hay mexican@s”, afirma Francisca González, defensora de derechos humanos e integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García" en Chiapas. Hace 24 años, Isela González Díaz se acercó a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, para hacer investigación antropológica. Desde entonces ha interpretado las necesidades de la región y abordado estrategias para satisfacerlas. El principal reto, explica, es garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus territorios. Hoy, como directora de Alianza Sierra Madre, se aboca principalmente a la defensa de los derechos ambientales y territoriales. También te puede interesar: #16Días: Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas Además de su búsqueda por romper con el paradigma del racismo jurídico, desde 2007, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. Su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio, pero asegura que: “El desafío más importante es sobrevivir al machismo estructural en una sociedad patriarcal, además, colonial y así como mantener mi vida, mi seguridad”. Su trabajo dio resultados sobresalientes, como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino. Finalmente, logró que las autoridades atendieran la problemática de la muerte de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio. “Afortunadamente, tenemos tres años sin ninguna muerte en la comunidad donde trabajamos”, puntualiza Fuente: ONU Mujeres