A medida que nos acercamos al plazo de siete años restantes para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, es urgente plantear las causas profundas de la discriminación que restringen los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. En el 2008, Luisa trabajó como asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia del Ecuador. Desde entonces, ha ocupado varios cargos públicos, lo cual le permitió observar cuáles son las brechas existentes en el país. Bajo este contexto, la candidata propone acciones para cambiar la narrativa y construir un Ecuador más equitativo y diverso. La mujer y el empleo: un tema de acción, análisis y conciencia urgente El deterioro del mercado laboral en Ecuador, consecuencia de la crisis derivada por la pandemia, impacta con más fuerza al género femenino. En el 2020, solo dos de cada 10 mujeres -que fueron parte de la fuerza laboral- tuvieron un empleo adecuado; por lo que la brecha de género en cuanto a acceso a empleos de calidad aún se mantuvo. Luisa precisa que hay indicadores que ponen en evidencia la desventaja de las mujeres en distintos aspectos. La brecha en el desempleo sigue marcada, con una tasa de 6,7% para las mujeres, lo que representa casi el doble de los hombres (3,7%). “Cuando hay crisis económicas, lo primero que se precariza es el trabajo femenino”, menciona la candidata. Si bien en las últimas décadas se han logrado importantes avances en términos de igualdad de género, asegura que las mujeres todavía enfrentan un sinfín de barreras y desafíos para acceder al empleo y alcanzar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Para mejorar este panorama, Luisa manifiesta que se necesita una intervención urgente del Estado. “Ecuador requiere de acciones y políticas con perspectiva de género en la participación laboral femenina”, expresa. Estas deben estar enfocadas en eliminar la discriminación de género en el ámbito laboral, garantizando la igualdad salarial por trabajo del mismo valor y promoviendo la participación equitativa de las mujeres en todos los sectores y niveles de empleo. Es importante reconocer que las políticas públicas por sí solas no resuelven por completo esta problemática. La candidata explica que es necesario que la ciudadanía se comprometa a trabajar para erradicar las barreras que enfrentan las mujeres en el empleo. Para eso se requiere una mayor conciencia sobre esta problemática, tanto a nivel individual como colectivo. “Fomentar la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe ser una prioridad del Estado”, agrega. Otra tarea pendiente: mujeres en cargos directivos En Ecuador, una de cada 10 CEO es mujer y solo el 26% es miembro de un directorio gerencial. Esta realidad, más allá de ser desalentadora, es un reflejo de que los sesgos y discriminaciones siguen vigentes en la sociedad. Para incrementar este número, Luisa propone trabajar en una agenda en conjunto con los movimientos feministas y abrir paso a una mesa de diálogo y de trabajo, de esta manera se analizarían y comprenderían las causas que impiden que la representación femenina tenga fuerza y voz en estos puestos. “Los procesos sociales se construyen colectivamente”, enfatiza. A la vez, recalca que es esencial capacitar y concientizar a las empresas sobre los beneficios de la equidad laboral y de cómo esto no solo repercute positivamente en el desarrollo profesional del género femenino, sino también en la cultura organizacional. Aunque es un proceso gradual, los beneficios a largo plazo son significativos, recalca la candidata. Hay estudios que así lo demuestran. Por ejemplo, McKinsey indica que las empresas con mayor diversidad, equidad e inclusión (DEI) tienen un 15% más de probabilidad de tener una rentabilidad económica superior a la media nacional en el respectivo sector. El mal a erradicar: la violencia contra la mujer No es un secreto que la violencia de género se manifiesta en cada rincón del país. Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del 2023, según la Fundación Aldea, fueron 122 las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género. Esta cifra representa 25 casos más que en el 2022. La organización que realiza este mapa, considera que la violencia contra las mujeres es la pandemia que impide el desarrollo de las sociedades. Luisa señala, en efecto, que el aumento de feminicidios en Ecuador es una preocupación grave que requiere acciones inmediatas y es enfática al manifestar que esta responsabilidad recae en el Estado. “Siempre iré primero hacia las políticas públicas, porque cuando la sociedad no puede poner un alto, le corresponde al gobierno mediar esta desgarradora problemática”, manifiesta. Se debe realizar un análisis profundo respecto a cómo están funcionando las unidades de violencia a la mujer, porque “en muchas ocasiones, estos maltratos los realiza la misma policía y es crucial que las mujeres violentadas se sientan protegidas y respaldadas al momento de denunciar”, agrega. Propone, entonces, trabajar para reforzar los centros de apoyo, capacitar y fortalecer cada uno de los elementos de la fuerza pública y del personal asignado. Además, la educación y la sensibilización desempeñan un papel crucial en esta situación. Es necesario que el gobierno central lleve a cabo campañas e iniciativas que visibilicen esta realidad y generen conciencia. Estas acciones contribuirán a generar un cambio cultural y social. La inclusión financiera de la mujer: un eje central para el desarrollo Las mujeres han enfrentado desafíos significativos en el acceso y participación en los servicios financieros, lo que ha contribuido a una persistente desigualdad de género. En Ecuador, según un estudio del Banco Mundial, 4 de cada 10 mujeres no tienen acceso al sector financiero formal como a productos básicos como una cuenta de ahorros. Y, apenas una de cada 10 accedió a un crédito de una entidad financiera. Para abordar este impasse, Luisa dice que es necesario comprender a qué se refiere el término “inclusión financiera” y darle practicidad. Precisa que este acceso responsable y sostenible a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan necesidades como transacciones, ahorros, créditos y seguros, desempeña un papel de suma importancia en la reducción de las brechas de este sector. Entonces la candidata propone que, para fomentar la inclusión financiera, se debe priorizar la implementación de medidas como la asociatividad y las líneas de crédito especiales y específicas para mujeres, a través de la banca pública. “Estas medidas pueden proporcionarles acceso a recursos financieros, fortalecer su capacidad de negociación y apoyar el desarrollo de sus actividades empresariales, contribuyendo así a promover la igualdad de género y el empoderamiento económico”, asegura.