El coordinador de recursos naturales de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui (ACAPS), Anselmo Fariña, advirtió que “existe la noción de que la arena es un recurso ilimitado y más si hablamos de la de un desierto como el del Sahara”, pero esa es una impresión equivocada ya que en realidad “debemos pensar en ella como un recurso no renovable en la misma forma en que lo es el agua”. Tampoco es inagotable a pesar de que lo parezca, y en el caso del yacimiento del Sahara Occidental del que se extrae hoy la arena que luego es importada por Canarias, su capacidad es de “dos millones de metros cúbicos”, según ACAPS. Este material es empleado “mayoritariamente en la industria cementera y también en la regeneración de las playas”, sobre todo en las de las islas occidentales que “originalmente eran de arena negra pero se optó por la arena sahariana, que es rubia, para asimilarlas a las más turísticas como la de Las Canteras en Gran Canaria”, precisa Fariña. También te puede interesar: Construyen una gran muralla verde en el Sahara Así, la playa de Las Teresitas en Tenerife recibió una primera deposición de 270.000 toneladas, seguida de hasta tres reposiciones posteriores en 1988, 1999 y 2014, de acuerdo con los datos en poder de ACAPS, que denuncia “un flujo regular de tráfico de arena” por empresas marroquíes desde el puerto saharaui de El Aaiún hasta distintos puntos del archipiélago canario. “Sabemos que el tratamiento de la arena originaria del Sahara no es el adecuado pero hemos denunciado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, sin recibir respuesta”, lamenta Fariña. Para el Observatorio de Recursos del Sahara Occidental, el tráfico de arenas es claramente ilegal a partir de sentencias como la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 que “dejan claro que Marruecos no puede exportar como propios los productos del Sahara Occidental”. “Hemos escrito reiteradamente a la Guardia Civil para que impidiese la descarga de esa arena o siquiera para que comprobase la documentación de origen de la mercancía, y nos han contestado que esa orden tendría que venir de la Unión Europea”, lamenta Cristina Martínez, portavoz del observatorio. Fuente: EFEVerde