¿Qué pasaría con una empresa si el agua que necesita deja de estar disponible, si se degrada el suelo del que depende su producción o si desaparece un ecosistema que protege su territorio? La pregunta parece ambiental, pero también es económica. La calidad del agua, la salud de los suelos, la biodiversidad, la captura de carbono y otros servicios ecosistémicos pueden condicionar operaciones, cadenas de suministro y decisiones de largo plazo. Te puede interesar: Los parques nacionales están salvando la biodiversidad de América Latina Según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, los bosques nativos cubren cerca del 49% del territorio continental de Ecuador. Junto con páramos y manglares, estos ecosistemas son clave para regular el agua, capturar carbono, conservar la biodiversidad y sostener actividades productivas. Por su parte, de acuerdo con el informe La naturaleza en el informe sobre el desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que el 55 % del valor del PIB total de la América Latina y el Caribe depende de la Naturaleza (fuente 2). Es una cuestión de enfoque y de nuevas preguntas. Para Forest Stewardship Council (FSC), una autoridad global en manejo forestal responsable, el desafío ya no parte de cómo conectar el impacto sobre los ecosistemas con la toma de decisiones: FSC cuenta con herramientas que generan evidencia verificable sobre estos impactos y beneficios. Entonces, ¿puede la naturaleza ser considerada en las decisiones de inversión con la misma atención que otros activos financieros? El desafío es que buena parte de ese valor todavía no aparece en un balance. Un bosque puede almacenar carbono, regular el agua, conservar biodiversidad y proteger el suelo sin que, por lo general, a estos beneficios se les otorgue un valor económico. Ese valor no es exclusivamente ambiental ni económico, sino también social, porque los servicios ecosistémicos tienen un impacto directo en el bienestar de las comunidades, la calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas. Su conservación contribuye a sostener recursos esenciales, reducir vulnerabilidades y preservar las condiciones naturales de las que dependen las personas, las comunidades y las empresas. El propósito apunta a que esa evidencia se convierta en un activo para la gestión empresarial: que permita respaldar reportes y divulgaciones, dar seguimiento a compromisos, identificar riesgos y dependencias vinculados con la naturaleza. Entre sus prioridades establece ampliar el acceso al financiamiento mediante el involucramiento de instituciones financieras y fortalecer los sistemas de datos, monitoreo y evidencia para que los resultados ambientales puedan ser utilizados en mercados, reportes y decisiones de inversión. Es decir, brindar herramientas verificables para poner el tema sobre la mesa. En un país como Ecuador, donde buena parte de la generación eléctrica, la agricultura, las ciudades y numerosas actividades productivas dependen de ecosistemas que regulan el agua, la pregunta tiene implicaciones particularmente concretas. Esto plantea otro desafío para las organizaciones. Ya no alcanza con preguntar qué huella deja una operación. También importa saber de qué depende para funcionar y qué ocurriría si los ecosistemas que sostienen esa actividad se deterioraran. La cuestión es especialmente relevante en sectores vinculados al territorio y a los recursos naturales. Una disminución en la calidad del agua puede afectar una operación. La pérdida de la fertilidad del suelo puede reducir productividad. La pérdida de biodiversidad puede alterar servicios de los que depende una actividad. La degradación de un bosque puede aumentar la exposición a determinados riesgos climáticos. El valor de un ecosistema no se resume en una única variable. Por eso FSC desarrolló Impacto Verificado para generar evidencia sobre siete servicios ecosistémicos: biodiversidad, almacenamiento y captura de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire. El sistema permite cuantificar los impactos y someterlos a procesos de verificación validados por terceros, que aportan credibilidad a los resultados para respaldar reportes, compromisos ambientales y decisiones de inversión. Medir permite saber qué ocurrió. Verificar permite demostrarlo El caso de los bosques ofrece un horizonte hacia dónde puede avanzar esta discusión. FSC sostiene que uno de los principales desafíos es cerrar la brecha entre lo que los bosques aportan al clima y a las economías y la forma en que esos beneficios son valorados, medidos y financiados. En este escenario, Forest Stewardship Council (FSC)® realizará del 8 y 9 de septiembre, en Puerto Iguazú, Misiones, el II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC América Latina. Organizado por FSC Argentina FSC y Brasil, con el apoyo de la Unidad de Marketing y Mercado (MCU) de FSC Internacional y de FSC América Latina, reunirá a representantes de gobiernos, empresas, comunidades, academia y organismos internacionales para debatir cómo se pueden transformar los impactos positivos demostrados de la conservación en oportunidades concretas de financiamiento. Te puede interesar: Alianza beneficiará a comunidades de la Isla Puná con un modelo de economía circular La cuestión económica, entonces, no es solamente cuánto cuesta conservar. Es también cuánto cuesta perder aquello que sostiene una actividad productiva y cuánto valor podría generarse al evitar esa pérdida. La naturaleza todavía no funciona como una clase de activo convencional. Pero la conversación empresarial ya se está desplazando hacia allí: identificar dependencias, anticipar riesgos, medir impactos y encontrar mecanismos para que el capital también pueda reconocer el valor de conservar los ecosistemas. (I) Fuentes: Fuente 1: World Economic Forum y PwC, Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, enero de 2020. Fuente 2: https://www.undp.org/es/latin-america/blog/como-ecuador-protege-los-bosques-en-la-amazonia Fuente 3: Forest Stewardship Council (FSC), Climate and Biodiversity Strategic Framework 2026–2032, 2026.