Al ser inclusivos ganamos todos. Una sociedad tolerante con las diferencias es mucho más pacífica. Por esta razón, cabe hacernos la pregunta: ¿cómo estamos contribuyendo a que las personas con discapacidades se sientan parte activa de la sociedad? Según datos del Consejo de Discapacidades, en Ecuador viven 487.542 personas con discapacidades de diferentes tipos. La mayor discapacidad es la física, que representa un 44,20% con 215.479 personas; le sigue la intelectual con 23,27% (113.447), seguido de la auditiva con 12,88%, la visual con 11,62%, psicosocial con 6,94% y de lenguaje con 1,10%. En el ejercicio de la inclusión, también es importante ponerse en los zapatos del otro. Imagina tener que ir a trabajar todos los días en una ciudad cuya infraestructura no está preparada para una persona con discapacidad. De acuerdo al Consejo de Discapacidades, en nuestro país 68.901 personas son laboralmente activas, de las cuales el 54,25% padecen discapacidad visual, el 15,94% tienen discapacidad auditiva, el 13,43% visual, el 11,54% intelectual y el 4,84% padecen discapacidad psicosocial. De ellos, el 3,16% tiene un grado de discapacidad del 85% y el 59,9% tiene un grado de discapacidad del 30 al 49%. De esta población laboralmente activa,el 64,48% son hombres y el 35,52% son mujeres. Sin embargo, aún se topan con espacios no adecuados para su discapacidad. A pesar de ello, se han hecho esfuerzos para integrar a este grupo. La discapacidad en Ecuador, historia y avances El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador ha recorrido un largo camino. En los años cuarenta aparecieron las primeras normas específicas, como la Ley del Ciego y la Ley de Protección del Minusválido, que buscaban atender desde el Estado a una población invisibilizada. Décadas después, en 1992, se creó el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), encargado de coordinar políticas públicas. El gran giro se dio con la Constitución de 1998, que incorporó por primera vez la igualdad de derechos para este grupo social. Una década más tarde, la Carta Magna de 2008 reforzó esa visión al incluir medidas afirmativas en empleo, educación y salud, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada ese mismo año por Ecuador. También te puede interesar: "Es que soy peleada con la tecnología”, esta frase, nunca más Entre 2009 y 2010, la Misión Solidaria Manuela Espejo, liderada desde la Vicepresidencia, permitió identificar y atender a más de 294 mil personas, marcando un precedente en asistencia técnica y social. Este trabajo abrió paso a un cambio estructural: la aprobación, en 2012 de la Ley Orgánica de Discapacidades, una norma que reúne los avances constitucionales y sociales en un marco integral. En materia laboral, la Ley Orgánica de Discapacidades establece un marco para garantizar la inclusión. Reconoce el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y sin discriminación, acompañado de asistencia técnica que facilite la inserción en distintos sectores productivos. Una de las medidas más relevantes es la cuota obligatoria del 4%, que exige a las empresas con más de 25 empleados contratar personas con discapacidad, con la posibilidad de cumplir parcialmente a través de “sustitutos” hasta un 25% del cupo. A esto se suman incentivos tributarios: las compañías que incorporen a personas con discapacidad o a sus cuidadores pueden deducir hasta el 150% de la base imponible del impuesto a la renta, mientras que los centros especiales de empleo —con al menos el 80% de su plantilla conformada por este grupo— también acceden a beneficios fiscales. Ecuador ha avanzado en la inclusión y derechos de las personas con discapacidad, estableciendo igualdad legal, políticas públicas de asistencia y una cuota laboral obligatoria del 4%, con incentivos fiscales para fomentar su empleo.