El máximo tribunal estadounidense determinó que el actual presidente, Donald Trump, se excedió al invocar la ley federal denominada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer aranceles "recíprocos" generalizados y gravámenes suplementarios que, según el gobierno, buscaban abordar desequilibrios comerciales y el tráfico de fentanilo. La Corte consideró que esta ley no autoriza al presidente a establecer gravámenes arancelarios sin la aprobación explícita del Congreso, ya que la Constitución reserva esa facultad tributaria al poder legislativo. Este decreto deja sin resolver en la primera instancia cuántos de los importadores podrían solicitar reembolsos por los aranceles pagados. Algunos cálculos preliminares sugieren que dichas devoluciones podrían ascender a alrededor de USD 170 mil millones, cifra que representa más de la mitad de los ingresos generados por estas tarifas. Elizabeth Wasserman, editora de la nota original, indica que la Casa Blanca planea buscar mecanismos legales alternativos para reinstaurar ciertos gravámenes, aunque estos serían legalmente más complejos y limitados que los cuestionados bajo la IEEPA. También puedes leer: Países latinoamericanos con mayor endeudamiento con el FMI en febrero del 2026. Entre los tres jueces disidentes, el juez Brett Kavanaugh advirtió que la posible gestión de reembolsos «probablemente sería un desastre», opinión compartida en cierto grado por Clarence Thomas y Samuel Alito. El caso abre un debate sobre el alcance del poder ejecutivo en materia comercial y sus límites constitucionales. Este hecho no solo impacta la política arancelaria de la actual administración, sino que además genera expectativas de cambios significativos en las relaciones comerciales internacionales y en la recaudación federal derivada de estas tarifas, así como posibles litigios adicionales en instancias inferiores. En conclusión, la anulación de los aranceles globales de Trump por parte de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la política comercial del país norteamericano y subraya las limitaciones constitucionales del uso de poderes de emergencia para fines económicos. La resolución no solo tendrá efectos en la recaudación fiscal y en las importaciones, sino que también podría reconfigurar la estrategia arancelaria estadounidense y la percepción internacional sobre la certidumbre normativa en comercio exterior. Fuentes: Bloomberg Línea.