Los Juegos, para los que resta menos de un mes, serán “la luz al final del túnel” de la pandemia, según los anfitriones, mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) justifica su celebración con que los atletas se vienen preparando durante años para esta cita, pese a los riesgos que conlleva. Anfitriones “acorralados” El contrato de “Ciudad Anfitriona” sitúa a Japón, o más en concreto al Gobierno de Tokio, a merced del COI a la hora de una posible cancelación del evento, ya que el organismo internacional es el único con potestad de recurrir a esa medida en circunstancias de fuerza mayor como una guerra o “si la seguridad de los participantes se ve amenazada por cualquier razón”. ➤ Ver también: Ecuador alcanza récord de clasificados a Juegos Olímpicos En este contexto, cualquier decisión para suspender los Juegos debería ser consensuada por los anfitriones o el COI o de lo contrario Japón se enfrentaría a una larga y compleja batalla legal contra el organismo internacional, que podría reclamarle una indemnización por las pérdidas de ingresos televisivos. Una estimación del Instituto nipón de Investigación Nomura situaba en USD 16.000 millones el precio que tendría que pagar Japón por la cancelación de los juegos. Los autores del informe advertían de que el país asiático sufriría un impacto económico mucho mayor en caso de verse obligado a imponer nuevas medidas anticontagios a raíz de un nuevo repunte del coronavirus causado por los juegos. Sobrecostes garantizados La única certeza en este complejo escenario es que Japón sale perdiendo económicamente tanto si los Juegos se cancelaran, como si se celebran entre restricciones inéditas en un evento de este calibre, como está previsto que suceda. Los organizadores esperaban ingresar unos USD 800 millones, a partir de la venta de entradas para los juegos, pero el veto a los espectadores foráneos y la restricción al acceso del público local a los estadios han mermado esta fuente de ingresos. Esto complica aún más las cuentas de Tokio 2020, cuyo último borrador de presupuesto se disparó hasta los USD 15.400 millones, debido a los costes del retraso de la competición y a las medidas para prevenir el Covid-19. Parte de los costes adicionales serán asumidos por los patrocinadores locales, aunque la mayoría provendrán de las arcas públicas del Gobierno central y regional, y, en último término, del bolsillo de los contribuyentes nipones. Fuente: Gestión Perú