Un ecuatoriano utiliza 253 unidades al año y el Estado espera bajar esto con el tributo para reducir los desechos plásticos en el medioambiente. Fabricantes y ecologistas advierten que la medida no conseguirá eso y la critican por distintas razones. En la actualidad los negocios, sean grandes cadenas o tiendas de barrio, entregan gratis cuantas fundas pidan los clientes. Esto cambiará en dos meses con la vigencia del impuesto a los consumos especiales (ICE) para esas bolsas, creado con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. El consumidor deberá pagar al establecimiento por cada unidad que requiera. Este año, según la norma, la tarifa será de 4 centavos de dólar. Es decir que si la persona necesita diez fundas, tendrá que cancelar 40 centavos. El ICE aumentará dos centavos por año hasta llegar a 10 centavos en 2023.El Gobierno argumenta que el impuesto no tiene fines recaudatorios sino que busca cambiar hábitos para “reducir los niveles de contaminación que se generan como resultado del uso indiscriminado de las fundas plásticas”, contestó el Ministerio del Ambiente.Pero el Servicio de Rentas Internas (SRI) sí prevé un incremento en la recaudación del cobro de este ICE. La industria plástica y el sector ecologista señalan que ese es el trasfondo de la medida y coinciden en advertir que no corregirá la conducta de quienes generan basura plástica. Foto tomada de El Universo. Adiós a las fundas plásticas El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), Jorge Mórtola, dice que el ICE será “altamente perjudicial” para las más de 100 microempresas del país que fabrican el material y lo venden a mercados, comedores, panaderías, entre otros comercios. Estima que esta venta disminuirá y advierte que podría reducirse empleos y cierre de plantas. Y reprocha que se pretenda gravar “muchas veces su valor” a un producto cuya fabricación podría costar “una milésima de centavos”. Según Aseplas, la industria plástica en Ecuador la conforman 600 empresas (todas parte del sector formal de la economía) y “más de 100 microempresas” (la mayoría informal). Mórtola pronostica efectos nocivos en las últimas, pero la realidad es otra. Promoplast, compañía con 36 años en el mercado, empezó a experimentar dificultades desde que la ley entró a regir, el 31 de diciembre de 2019. Su gerente, Mario Garzón, cuenta que desde ese mes hasta la fecha las ventas cayeron 7% y en consecuencia despidió al 10% de su personal. “Los clientes están temerosos y dicen que la gente no querrá pagar el impuesto”. Garzón espera que el reglamento –aún no publicado– detalle cómo serán las exenciones establecidas en la norma. Este punto preocupa a la abogada especializada en derecho ambiental Inés Manzano. La ley exonera el ICE a las fundas que en su composición tengan el 50% de materia prima reciclada y reduce la tarifa a la mitad a las que sean biodegradables o compostables. “La ignorancia permite estas excepciones. Los negocios pedirán un certificado y ya, no cobrarán a sus clientes”, indica. Además, sostiene que la “mala redacción” de la ley posibilitaría otra exención. La norma identifica como “agentes de percepción” (los que cobran) a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y a las sociedades. Ella teme que los comercios que no llevan contabilidad no recaudarán el ICE y sigan repartiendo gratis las fundas tipo camisetas, que son la mayoría. El Ministerio del Ambiente publicó en 2014 un estudio sobre el uso de fundas plásticas en Ecuador: las tipo camisetas son distribuidas, principalmente, por las tiendas de barrio, bodegas y distribuidores. Al año se usan “más de 1.500 millones” y determinó que un impuesto limitaría su uso. El ministerio asegura que no busca “ralentizar la industria” sino cambiar hábitos del mal uso de las fundas, pues “en el ambiente tardan hasta miles de años en descomponerse”. Con información de El Universo.