La educación financiera es clave para una mejor toma de decisiones y planificación económica. En este contexto, conversamos con Valeria Llerena, Directora Ejecutiva de la RFD, sobre cómo la falta de educación financiera impacta en el manejo de la deuda, la morosidad del sistema y las perspectivas hacia 2026. ¿Cuáles son los principales desafíos para lograr una inclusión financiera efectiva? Ecuador ha avanzado en el acceso a productos y servicios financieros, es así que, a la fecha, con data del Banco Central del Ecuador, se determina que un 83% de la población adulta accede a un producto o servicio financiero, principalmente a cuentas de ahorro. Si se toma en cuenta únicamente aquellas personas que efectivamente utilizan este recurso, se determina que, hay un 73% de uso de algún producto financiero, es decir un 10% menos de las personas que acceden. Estas cifras demuestran que existen acciones que se vienen implementando. Sin embargo, estos no necesariamente reflejan la problemática que existe en términos de inclusión. ¿Qué revelan los estudios de morosidad impulsados por la RFD? De acuerdo con los datos publicados por la RFD, se determina que 3 de cada 10 personas no están en capacidad de pagar sus obligaciones, por lo que son excluidas del sistema financiero. Asimismo, otro estudio de la RFD refleja que el nivel de endeudamiento es elevado, pues al 2024, el 25% de la población más endeudada mantenía en promedio 12 operaciones crediticias. También te puede interesar: “La integración del sector es clave para ganar escala, eficiencia y confianza” ¿Qué avances hay en equidad de género en el sector financiero? De acuerdo con el estudio de Deloitte “Women in the boardroom”, en 2024 solo el 24,8% de los miembros de los Directorios y el 6% de los Gerentes Generales son mujeres. En las cooperativas de ahorro y crédito, sólo un 37% de mujeres ocupan el cargo de Presidentes del Directorio y solo un 36% el cargo de Representante legal. De cara a 2026, ¿cuáles son las principales perspectivas para la inclusión financiera? El año 2025 fue un período complejo desde los ámbitos económico, social y financiero. La economía ecuatoriana ha enfrentado un entorno desafiante, caracterizado por un bajo crecimiento económico, altos niveles de desempleo e inseguridad, lo cual ha limitado su capacidad para generar un crecimiento sostenido. Estos factores han impactado directamente al sistema financiero, el cual refleja el comportamiento de los actores económicos del país. Hoy, las entidades financieras se enfrentan a un gran desafío, que es encontrar un equilibrio entre colocar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía, y que cada vez demandan menos operaciones; y a la vez, mitigar los riesgos asociados a un eventual incumplimiento de los mismos; esto, acompañado de los altos costos de colocación, debido al aumento de la morosidad de la cartera de crédito, sin que puedan incrementar las tasas de interés activas, afectando de esta forma a la generación de excedentes y por tanto, a la reinversión de éstos en crédito para los sectores que lo requieren.