Se trata del cobro y recaudación de la contribución del 5% a la seguridad jurídica y la libre competencia del sector portuario, a favor del sector importador y exportador, la medida se ratificó mediante acuerdo ministerial, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta política tarifaria se aplicará tanto a personas naturales y jurídicas autorizadas a operar en las instalaciones portuarias con fines comerciales, como a entidades portuarias creadas por la Ley de sus concesionarios (terminales portuarias). La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) se encarga del cobro de las contribuciones exigidas por las terminales portuarias, en la Ley General de Puertos. En un plazo de 30 días la entidad expedirá los instrumentos normativos que permitan el cobro y recaudación de la contribución del 5%, en la que incluyan los plazos de implementación de acuerdo a lo dispuesto en la presente política. El ministro de Transporte y Obras Publicas, Gabriel Martínez, dijo que la idea es eliminar la subjetividad de tarifas presuntivas de los puertos privados, sobre una contribución real con base a lo que realmente se factura. "Los puertos privados tienen una tarifa establecida que compite y se mueve con el mercado”, indicó. Esta política tarifaria se aplicará tanto a personas naturales y jurídicas autorizadas a operar en las instalaciones portuarias con fines comerciales. Por su lado, Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep), resaltó la importancia del acuerdo ministerial porque “impulsa la competitividad del sector portuario, garantizando la seguridad jurídica de las inversiones en el sector”, señaló. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), señaló que están convencidos que solo la competencia entre los puertos permitirá brindar "un mejor servicio, tarifas y tramitología dentro de los terminales portuarios, logrando su modernización y que muchos de ellos sean hoy de clase mundial”. “El objetivo del Gobierno es ver al sector privado no como un antagonista, como se lo veía en la década pasada, sino complementario, como el eje principal para el desarrollo económico de una nación”, dijo el ministro Martínez. El acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución se encargará la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Con información de El Telégrafo.