Pero más préstamos conllevan condiciones más exigentes que se deben cumplir. Así, entre 2025 y 2028, el Gobierno de Daniel Noboa deberá implementar un ajuste fiscal equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) o más de $5.600 millones, con énfasis en el aumento de impuestos. También puedes leer: Remesas, un pilar para el PIB: BCE prevé USD 6.500 millones en 2025 y registra una leve disminución Según lo establece el último informe publicado por el FMI, bajo el acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés), la mayor parte de ese esfuerzo —3,8% del PIB o $4.900 millones— deberá venir por la vía de ingresos, es decir, sobre todo más recaudación tributaria. El restante 0,6% o más de $774 millones se obtendría mediante recortes o racionalización del gasto. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, resumió el escenario así: “Dice el FMI: ‘las autoridades adoptarán medidas fiscales adicionales para reducir la brecha fiscal’. En 2024, el ajuste fue de 2,2% del PIB. De 2025 a 2028, 4,4% de ajuste con énfasis en impuestos. La alegría del pobre dura poco”. Según el FMI, hasta el 23 de agosto de 2025, el Gobierno de Noboa deberá presentar el presupuesto ajustado para este año; y hasta octubre deberá enviar a la Asamblea el presupuesto estatal para 2026. Ahí se podrá tener una visión más clara de las medidas para cumplir con los compromisos con el multilateral. Lo que exige el FMI a Ecuador Para recibir los $5.000 millones comprometidos, el Gobierno de Noboa debe aplicar un paquete completo de reformas y medidas entre 2025 y 2028. Entre ellas: Reforma tributaria estructural: Se prevé una mejora del 5,1% del PIB en ingresos no petroleros entre 2024 y 2028. Esto incluye 2,7% del PIB en ingresos netos por impuestos (más de $3.400 millones), mediante medidas como la eliminación de exoneraciones ineficientes (especialmente en el impuesto a la renta de sociedades), nuevos tributos en comercio electrónico y minería (ya aplicados desde junio de 2025), y una reforma al régimen fiscal del sector minero, con apoyo técnico del FMI. Esta última debe concretarse hasta diciembre de 2025. También se evalúan cambios en los marcos tributarios de sectores estratégicos como hidrocarburos y energía. Revisión de subsidios: El Gobierno comenzó en junio de 2025 eliminando el subsidio al diésel para la industria atunera. Se plantea una reforma gradual para reducir subsidios a los combustibles, especialmente mediante un sistema más eficiente y focalizado. También se avanzará en reformas al sistema eléctrico, con una nueva metodología de tarifas para los sectores industrial y minero, que debe estar lista hasta agosto de 2025. En el acuerdo con el FMI, y en el último informe, no se hace ninguna referencia al gas de uso doméstico. Reforma del sistema de compras públicas y mayor control del gasto: Se proyecta una contención progresiva del gasto corriente, especialmente en sueldos, bienes y servicios. Para ello, ya se ha activado el Subsistema Nacional de Control (SNC) y se tiene previsto modernizar el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) con un rediseño operativo, programado para julio de 2025. Además, el Gobierno trabaja en un sistema automatizado de pagos del Presupuesto General del Estado (PGE), con nueva fecha de entrega fijada también para finales de julio de 2025. También se avanza en el fortalecimiento de la transparencia fiscal con la publicación de contrataciones bajo regímenes especiales y un plan para adoptar normas internacionales (GFSM 2014 y GFSY 2022) previsto para el último trimestre de 2025. Reformas energéticas y productivas: Además de los cambios tarifarios, se impulsará una mayor participación privada en el sector energético. En agosto de 2025, se espera emitir regulaciones para que los privados puedan vender su excedente de energía al sistema nacional. También se dará inicio a proyectos renovables como Villonaco III y otras iniciativas solares, eólicas y geotérmicas. En minería, la apertura total del catastro minero deberá concretarse hasta junio de 2026. Está también pendiente la auditoría de los balances de Petroecuador. Fortalecimiento de la seguridad social: El Ministerio de Economía y el IESS deben llegar a un acuerdo formal para liquidar las obligaciones en salud. Aunque el cronograma original fijaba esta meta para marzo de 2025, se ha reprogramado para agosto de 2025. Además, se espera que hasta diciembre de 2025 se defina una hoja de ruta para la reforma del sistema de pensiones del IESS, incluyendo cambios paramétricos que garanticen su sostenibilidad. También te puede interesar: Bruselas activa su arsenal arancelario: 93.000millones en represalias si EE.UU. impone el 30% el 1 de agosto Reformas financieras: Se incluyen medidas para flexibilizar gradualmente el sistema de tasas de interés, con base en un estudio ya finalizado en mayo de 2025. Se trabaja también en consolidar las funciones del depósito central de valores (DCV), cuya modernización ya está en marcha desde marzo de 2025. Además, el Gobierno planea emitir nuevas reglas para subastas de bonos y CETES en el mercado local hacia noviembre de 2025, como parte del desarrollo del mercado de deuda interna. Hasta la fecha, Ecuador ha recibido $2.100 millones del total de $5.000 millones comprometidos, lo que representa un 42%. Para el resto de 2025, se prevé al menos un desembolso adicional de otros $600 millones, vinculados al cumplimiento de metas fiscales y estructurales. En 2026, 2027 y 2028 se liberarán los fondos restantes conforme se evalúe el avance en las reformas. Según el nuevo cronograma, en 2026 se contempla el acceso a $750 millones más del FMI. Fuente: La Hora