En la Kumbre de Sostenibilidad 2026, Lorena Caballero puso sobre la mesa una discusión que suele quedar de lado: cómo se financia, en la práctica, la transición hacia economías bajas en carbono en América Latina. Partió de una realidad clara: “las principales economías contaminantes se concentran en el norte global”, mientras que regiones como América Latina enfrentan con mayor intensidad los impactos del cambio climático. Desde ahí, explicó que el financiamiento climático tiene un objetivo concreto: “reducir emisiones y aumentar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático”. Sin embargo, al aterrizarlo en la región, aparece una limitación estructural. Gran parte de estos esfuerzos se están sosteniendo a través de deuda, lo que reduce el margen de acción de los países y tensiona sus finanzas públicas. Ese punto conecta con un problema más profundo. Los presupuestos nacionales son limitados y la sostenibilidad compite con otras prioridades. Caballero fue directa: “muchas de estas políticas se quedan en el papel porque no tienen financiamiento”. Es decir, existen compromisos, pero no siempre recursos asignados para ejecutarlos. A esto se suma una contradicción. Mientras se habla de transición energética, parte del gasto público sigue destinándose a sectores intensivos en carbono. “Seguimos financiando industrias que profundizan el problema”, señaló, evidenciando una desconexión entre discurso y asignación de recursos. El rol del Estado, en este escenario, es clave. “Si el gobierno no pone el dinero en sostenibilidad, el sector privado tampoco lo hará”, explicó, subrayando que la inversión pública marca el ritmo y las señales para el mercado. También advirtió sobre la vulnerabilidad de la región. La dependencia de combustibles fósiles no solo impacta en el clima, sino que expone a los países a la volatilidad de precios y a dinámicas externas. “Hoy seguimos siendo dependientes de lo que pasa afuera”, mencionó.