Según cifras del Foro Económico Mundial, más de la mitad de la producción económica mundial depende de la naturaleza con un equivalente monetario de USD 44 billones. Asimismo, destacan que, pese a que se gasta alrededor de USD 143 mil millones en biodiversidad cada año, esta cifra se encuentra por debajo del presupuesto necesario para proteger un entorno natural, que bordea los USD 967 mil millones. Una iniciativa mundial de impacto Bajo este contexto, en 2021, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza (TNFD -por sus siglas en inglés-) establecen una iniciativa global para desarrollar un marco de gestión de riesgos de mercado enfocado en la naturaleza y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su aplicación se centra en los elementos relacionados como el aire, suelo y agua, además de considerar los riesgos financieros del impacto empresarial a largo plazo. Este trae beneficios tales como: Entender el valor de la información para la toma de decisiones o repercusiones en el flujo de caja a futuro. Ayuda a las empresas a lograr una visión holística de las posibles afectaciones y las oportunidades existentes. Aporta a la elaboración de una cotización vinculada a los riesgos organizacionales. Brinda una garantía completa de los informes empresariales sobre el rendimiento del capital y ambiente. Aplicación de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) Además, según el Proyecto Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) de PNUD, Ecuador está trabajando por facilitar la identificación, el desarrollo e implementación de planes y soluciones financieras óptimas basadas en el ambiente, a través del Proyecto BIOFIN. El informe de diagnóstico evidenció que: Las autoridades financieras que se alinean a la divulgación sobre el ambiente, están dentro del Sistema Monetario y Financiero del Ecuador. La evaluación de riesgos asociados a la naturaleza demanda de tres procesos en secuencia: Que la autoridad nacional ambiental provea información georreferenciada y una valoración de los servicios que brinda la naturaleza. Que se construya un modelo de riesgos integral sobre los territorios que están más expuestos a desequilibrios. Que el modelo de riesgos ambientales esté vinculado al modelo de riesgo financiero de las instituciones para asignar créditos. Existe una brecha en la gestión de la información relacionada a la naturaleza, por lo que es necesario el reporte a entidades como las Superintendencias o el Banco Central del Ecuador (BCE) para que sea de dominio público. La divulgación es aún incipiente en el tejido empresarial, solo 35% de las organizaciones más grandes del país divulga un reporte GRI. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) implementó la primera resolución para implementar el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) en las instituciones, la cual instruye a recopilar la información ambiental necesaria para la valoración del riesgo y posibles afectaciones sobre el suelo, aire, agua, biodiversidad y gestión de residuos. Además, destaca la obligación de divulgar la información sobre sus políticas, proceso y procedimientos de administración de riesgos ambientales y sociales. Esta debe ser enviada a la SEPS hasta el 31 de enero de cada año, a través de un informe de gestión. También te puede interesar: Los retos de empresas para ser fuertes en materia de sostenibilidad En conclusión, este marco de divulgaciones se concentra en medir los riesgos y oportunidades empresariales asociados a cambios de los ecosistemas, para crear un perfil de riesgo financiero que sea beneficioso para el ecosistema de negocios.