Desde el teletrabajo hasta la automatización industrial, el ecosistema digital del país descansa sobre las redes de telecomunicaciones. No obstante, esta columna vertebral tecnológica enfrenta una paradoja crítica: inversiones crecientes, ingresos decrecientes y una regulación que frena el desarrollo. “El sector ha sostenido altos niveles de inversión, incluso con una caída del 40% en ingresos en la última década”, señala Patricia Falconí, Presidente Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel). Pese al despliegue de más de 380.000 km de fibra óptica y mejoras en redes móviles, la rentabilidad se ve afectada por los sustitutos desregulados, las cargas regulatorias desproporcionadas y los altos costos del espectro que están fuera de valores internacionales de mercado. Mientras los usuarios demandan más velocidad, las aplicaciones digitales —como WhatsApp o Netflix— utilizan intensivamente las redes sin tributar ni contribuir al modelo de sostenibilidad. “Algunos servicios de transmisión de contenido digital (OTT) generan tráfico sin responsabilidad fiscal ni regulatoria. El modelo está desequilibrado”, afirma Falconí. La implementación plena del 5G en Ecuador aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos, la renovación de concesiones y la asignación eficiente del espectro radioeléctrico. Aunque el país mantiene una de las tarifas móviles e Internet más bajas de la región, según la UIT, el despliegue del 5G no avanza al ritmo esperado: cerca del 70% del espectro disponible permanece sin asignar. También te puede interesar: Aprender IA será obligatorio desde los 6 años en China A esto se suman barreras locales para la instalación de infraestructura y marcos regulatorios desactualizados, lo que limita el aprovechamiento de oportunidades clave en automatización, ciudades inteligentes e Internet de las Cosas (IoT). El país tiene una de las tarifas más baratas de la región, pero esta ventaja para el consumidor no se traduce en un entorno favorable para nuevas inversiones. “Necesitamos una visión de política pública que vea a las telecomunicaciones no como un sector recaudador, sino como un motor estratégico de productividad”, concluye. Por: Andrés Calvopiña Cervantes