La moderadora María Fernanda Garcés, Asesora en Alianzas Públicas-Privadas, contextualizó el desafío con cifras impactantes: América Latina y el Caribe deberán invertir 2,2 billones de dólares en sectores críticos como agua, energía, transporte y telecomunicaciones de aquí al 2030. Ecuador, por su parte, enfrenta una brecha de infraestructura estimada en 51 mil millones de dólares. Esta situación exige soluciones creativas y alianzas sólidas, superando la percepción de que la planificación se opone a la ejecución eficiente. Uno de los principales desafíos señalados fue el financiamiento. Garcés recordó que cualquier proyecto de infraestructura termina impactando el bolsillo ciudadano, y que es fundamental establecer mecanismos de contraprestación claros y justos. La calidad del servicio no puede desvincularse del modo en que se financian las obras. Por ello, propuso fortalecer las alianzas público-privadas como vía para mejorar tanto la cobertura como la eficiencia de los servicios, siempre bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. Pablo Ramón, del Consejo Estratégico de Infraestructura del Ecuador (CEI), abordó el tema desde una perspectiva técnica y de gobernabilidad. Sostuvo que la verdadera infraestructura sostenible debe integrar tres pilares: el ambiental, el social y el de gobernanza. Sin embargo, en Ecuador se ha evidenciado una debilidad en este enfoque, especialmente por la falta de planificación estructurada y la exclusión del mantenimiento en los presupuestos. Ramón criticó el clientelismo político que prioriza proyectos “emblemáticos” por encima de obras estratégicas, señalando que este enfoque desvirtúa la función real del desarrollo sostenible. Además, destacó la necesidad de romper mitos en torno a las alianzas público-privadas, muchas veces malinterpretadas como procesos de privatización. Insistió en que el sector público debe ser el motor que movilice recursos privados, dada la actual limitación fiscal del Estado. Pero para que esto ocurra, los proyectos deben ser técnicamente viables, planificados con estudios sólidos y acompañados de un acuerdo social sobre cómo se financian y qué servicios se esperan. En última instancia, la infraestructura sostenible no es solo una cuestión técnica o económica, sino también un pacto ciudadano sobre el tipo de país que se quiere construir.