América Latina es la segunda región del mundo con el mayor número de mujeres congresistas, después de los países nórdicos. Estos datos parecerían indicar que la situación es relativamente buena. Efectivamente, al comparar la situación actual con la de hace 30 años, en 1990, las mujeres ocupaban solo el 9% de los escaños en los congresos; en 2021, el 30%. En cuanto a la paridad, en los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la región, donde Guatemala y Venezuela son los únicos países de América Latina que no han adoptado cuotas de género, en comparación con el Caribe, donde solo Guyana, Haití y República Dominicana las han adoptado. Cuando han estado bien diseñadas, han contribuido a un mayor crecimiento en el número de mujeres candidatas y electas. Sin embargo, al analizar los datos con más profundidad, se identifica que aún hay un largo camino por recorrer: ¿Dónde están las presidentas? De los 26 países miembros prestatarios del BID, solo se cuentan 12 presidentas o jefas de Estado elegidas democráticamente. En el 2010, cuatro mujeres estuvieron ejerciendo la presidencia de la república simultáneamente en Argentina, Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago, mientras que, en el 2021, solo hubo una jefa de Estado en Barbados. ¿Dónde están las congresistas y alcaldesas? Al comparar el porcentaje de congresistas en un país de América Latina con el promedio regional del 30%, se evidencia que existen importantes variaciones entre países. Por ejemplo, Bolivia tiene un 48% de mujeres representadas en ambas cámaras, mientras que Haití cuenta con cero. Por otro lado, las mujeres indígenas y afrodescendientes están subrepresentadas en los congresos de la región. Esto sucede a pesar de que algunos países (Perú, Ecuador y Bolivia) han adoptado un sistema de reserva de asientos para poblaciones indígenas y afrodescendientes. De igual manera, en América Latina las mujeres son, en promedio, el 16% de los alcaldes. Si bien se ha avanzado mucho, ya que en 1998 eran solo el 5,5%, este porcentaje sigue siendo bajo. También te puede interesar: Singapur, el país con mayor porcentaje de mujeres CEO en el mundo Gabinetes paritarios en América Latina y el Caribe La mayoría de los presidentes en la región no integran a un número importante de mujeres en sus gabinetes y los datos lo corroboran: las mujeres ocupan, en promedio, solo el 29% de los puestos de gabinete en la región. Además de un promedio bajo de mujeres ministras y mucha heterogeneidad entre los países (que va desde el 7% de ministras en las Bahamas hasta el 59% en Nicaragua), existe una segregación sectorial por género en los cargos ministeriales. Tanto a nivel global como en América Latina, las ministras están concentradas en ministerios ligados a los roles tradicionales de género, como los ministerios de medioambiente, sociales, de familia, de juventud, de trabajo, de educación y de cultura. Por lo general, en la mayoría de los países, los hombres lideran los ministerios con un importante poder de toma de decisión o desde donde se maneja de manera más estratégica el presupuesto nacional, a través de los ministerios de hacienda y de economía o desde la presidencia. También te puede interesar: Mujeres y su crecimiento en el mundo empresarial Brechas de género en la Administración Pública Aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de los empleados del sector público, solo ocupan entre el 30% y el 40% de los cargos gerenciales. Esta brecha es alta, ya que para estos puestos se recluta del grupo profesional de la Administración Pública, donde las mujeres se encuentran bien representadas. De acuerdo con una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020), hay menos mujeres en los puestos más altos de poder, donde más pesan los vínculos políticos y personales en lugar de los méritos para la designación. Otra brecha en la Administración Pública se evidencia en la segregación sectorial, donde las mujeres están sobrerrepresentadas en los ministerios asociados con los roles tradicionales de género como son educación, salud y protección social. Fuente: BID