Las políticas de libre mercado implantadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido en la década de los ochenta han sobrevivido a todas las crisis mundiales registradas desde entonces, incluida alguna tan severa como la de las hipotecas subprime en 2008. Todo apunta a que el coronavirus podrá con ellas y que el mundo ha de prepararse para más intervención pública. El fin del libre mercado A medida que la Guerra Fría se acercaba a su fin, la creencia de que los gobiernos podían microgestionar las economías nacionales y generar prosperidad perdía validez. Hacia 1996, en su discurso del Estado de la Unión, el mismo Bill Clinton declaró que “la era del gobierno gigantesco ha terminado". Si bien el estado continuaría administrando servicios públicos esenciales, en la mayoría de actividades económicas el sector privado se consideró inherentemente superior. Este final de era redujo sustancialmente los bienes de propiedad pública, bajó la presión tributaria y la regulación intrusiva. Este modelo parecía funcionar a satisfacción hasta que el coronavirus puso “sobre la mesa” varias cuestiones relevantes, como –por ejemplo- si es o no adecuada la privatización de servicios importantes para la comunidad, incluidas las reservas estratégicas de material sanitario. Los hechos subsecuentes probaron que las cadenas globales de producción y suministro de este tipo de productos son incapaces de atender las necesidades de los ciudadanos. El caos resultante obligó a que los gobiernos cerrasen sus fronteras y espacio aéreo, lo que ha paralizado la economía global, con pronóstico de recesión por primera vez desde 2009. Las expectativas de desempleo son alarmantes, a tal punto que la OIT anticipa la destrucción de 230 millones de puestos de trabajo, cifra que daría lugar a una crisis humana y social sin precedentes, ante las cuales es inevitable un “cambio de paso” en materia de políticas económicas. ¿Cómo están reaccionando los gobiernos? La crisis sanitaria ha llevado al estado a casi cada rincón de la economía, desde el sistema de salud, al rescate de algunas industrias o la liquidez de los bancos centrales. Dado el tamaño de la emergencia, al igual que en las guerras, nadie pregunta de dónde sale el dinero. Todo vale. Así, en el Reino Unido, el Partido Conservador -durante décadas un adalid del libre mercado- ni bien asumió poderes económicos de emergencia, ofreció 330.000 millones de libras en garantías de préstamos a empresas y prohibió los desalojos de alquileres. En Francia, el état dirigiste ha prometido que ninguna empresa irá a la quiebra (hay que recordar que el riesgo de fracasar es una característica esencial del capitalismo). En Dinamarca, el gobierno ofreció pagar a los trabajadores el 75% de sus salarios; en Suecia, el estado ha garantizado que los empleados despedidos recibirán el 90% de sus salarios. En los Estados Unidos, la economía capitalista preeminente, la administración Trump ha prometido pagos en efectivo mínimos de $1.000 a los ciudadanos americanos y la compra de bonos corporativos por hasta un billón de dólares. Sin duda, estas acciones -y otras adicionales que se tomarán en los meses por venir- van a marcar las recetas políticas, sociales y económicas durante décadas. Antes incluso que la llegada de la pandemia, el mundo ya se enfrentaba a desafíos que requerían de mayor intervención gubernamental, entre ellos la crisis climática, el envejecimiento de la población y el estancamiento salarial. El Covid-19 los ha acelerado. ¡Que duda cabe que ampliar las funciones de los gobiernos no es, en solitario, una fuerza positiva y progresista!. Gobiernos con ideologías de todo tipo -conservadores, socialistas, fascistas, comunistas- han demostrado que, por si solos, no solucionan la raíz de los problemas. Las economías y sociedades sanas y equilibradas dependen de una pluralidad de formas: sector privado, cooperativas, fideicomisos, empresas de beneficio público, emprendimientos innovadores, etc. Pero en esta nueva era de crisis, la prosperidad y la seguridad solo pueden ser garantizadas por el actor más difamado: el estado.