El 13 de Octubre se conmemora el “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres”, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 tras la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres celebrada en Yokohama, Japón. Su objetivo es concienciar a gobiernos y sociedades sobre la necesidad de construir comunidades más resilientes frente a los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Hoy, más de tres décadas después, la fecha cobra un significado mayor: los desastres se multiplican y las brechas de desigualdad dejan claro que hablar de prevención es también hablar de justicia climática. ¿Cuál es el verdadero precio de no invertir en prevención de desastres? Según el Global Assessment Report 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), los costos directos de los desastres ascienden a aproximadamente USD 202.000 millones al año, pero si se incluyen los impactos indirectos y los ecosistemas, la cifra llega a más de USD 2,3 billones anualmente. ¿Qué implica la Justicia climática? El cambio climático no impacta a todas las personas por igual. Si bien sus efectos se sienten en todo el mundo, son las comunidades más vulnerables quienes sufren con mayor intensidad. Dentro de estos grupos, las mujeres y niñas cargan con un peso desproporcionado: recorren largas distancias por agua, abandonan la escuela y son las primeras en perder ingresos cuando escasean los recursos. Según ONU Mujeres, ellas representan el 70% de la población en pobreza a nivel mundial. Pero las mujeres también son agentes de cambio. En países africanos han liderado cooperativas para aplicar técnicas agrícolas sostenibles y mejorar la gestión del agua. Por ello, no puede haber justicia climática sin igualdad de género: incluirlas en la toma de decisiones es clave para un futuro más resiliente. También te puede interesar: Ecuador impulsa alimentos sostenibles con la innovación agrícola de Yara Desigualdad entre pasíses y territorios Los países con mayores recursos económicos son responsables históricos de las mayores emisiones contaminantes, mientras que regiones con menos recursos son las que más sufren. Por ende, aquí entra en juego la justicia climática: comprender que no todos tenemos la misma responsabilidad ni capacidad de respuesta, y que las soluciones deben ser centradas en quienes más lo necesitan. Esto implica apoyo financiero y tecnológico de países desarrollados a los más vulnerables, escucha activa a pueblos indígenas y campesinos, y medidas urgentes de sostenibilidad que protejan la dignidad humana. Un concepto clave es la “responsabilidad compartida pero diferenciada”: todos debemos actuar, pero no todos cuentan con los mismos recursos. El 13 de octubre no es solo una fecha para recordar desastres pasados; es una oportunidad para renovar compromisos. Una justicia climática auténtica implica reconocer quiénes sufren más, quiénes tienen menos responsabilidad, y equilibrar la balanza con acciones concretas: financiamiento justo, inclusión comunitaria y políticas que prioricen la prevención y la resiliencia. En definitiva, proteger el planeta significa también proteger a las personas más expuestas. La justicia climática nos recuerda que no basta con reducir emisiones; se trata de garantizar que la transición hacia un futuro sostenible sea inclusiva y justa para todos.