La decisión se fundamenta en informes técnicos que advierten daños graves a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, incluyendo la contaminación de ríos como el Napo y sus afluentes por el uso de mercurio y otros metales pesados, que han superado los límites permitidos y representan una amenaza para la salud humana y ambiental. La resolución contempla la paralización tanto de las operaciones en etapa de explotación como de aquellas en fases iniciales, incluyendo exploración y extracción sin excepción. La medida también implica el despliegue de controles por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y coordinación con la fuerza pública para asegurar el cumplimiento. También puedes leer: UAFE implementa nuevo reglamento que refuerza controles contra el lavado de activos en Ecuador Datos y organizaciones locales han reportado que la minería aurífera informal ha arrasado extensas áreas forestales y contaminado ríos clave en la Amazonía, poniendo en riesgo comunidades indígenas y biodiversidad, situación que motiva a la imposición de esta nueva medida como respuesta para frenar impactos ambientales significativos. La provincia de Napo cuenta con aproximadamente 153 concesiones mineras inscritas en unas 35.277 hectáreas, tanto a empresas privadas como a personas naturales y a la empresa pública Enami. La proliferación de operaciones no reguladas y la cesión de permisos ha facilitado que varios grupos, incluidos mineros informales y actores armados, exploten recursos sin supervisión ni cumplimiento ambiental. Además de Napo, el Gobierno anunció la suspensión de las actividades de unas 80 plantas de beneficio minero en la provincia de El Oro (cantón Portovelo), como parte de las acciones para controlar el procesamiento de oro y mitigar los efectos de la extracción irregular. Fuentes: El Universo | La Hora