A pesar de la recuperación registrada tras la pandemia, cerca de cuatro millones de ecuatorianos continúan en situación de pobreza monetaria. Frente a este escenario, especialistas advierten que reducir este indicador de manera sostenible requeriría un esfuerzo equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de USD 4.400 millones, acompañado de políticas que fortalezcan el crecimiento económico y la generación de empleo. La pobreza monetaria en Ecuador pasó del 33% de la población en 2020 al 21,8% en la actualidad. Aunque la reducción refleja una mejora importante, millones de personas aún no generan ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, por lo que el desafío continúa siendo significativo. Crecimiento económico, condición para acelerar la reducción de la pobreza Para Máximo Damián Baldera, gerente general de Estudios Econométricos en Perú, el país necesita crecer a un ritmo superior al 5% anual para reducir la pobreza con mayor rapidez. También puedes leer: Sector agroalimentario consolida su aporte a la economía con el 40% del empleo formal y el 21% de las ventas nacionales Una persona se considera en pobreza monetaria cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica, que incluye alimentación, transporte, educación, conectividad y servicios básicos. En 2018, la pobreza monetaria afectaba al 22,3% de la población. La crisis sanitaria elevó este indicador al 33% en 2020, incorporando a cerca de dos millones de personas adicionales a esta condición. Desde entonces se ha observado una recuperación gradual; sin embargo, el número de personas en situación de pobreza sigue bordeando los cuatro millones. Baldera advirtió que, si la economía mantiene tasas de crecimiento inferiores al 2% en los próximos años, será difícil generar suficientes empleos, mejorar los ingresos de los hogares y acelerar la reducción de la pobreza. "Si el país no crece a tasas por encima del 5% como mínimo, va a ser bien complicado reducir la pobreza monetaria", señaló el economista. El reto fiscal supera los USD 4.400 millones El análisis estima que el esfuerzo financiero necesario para reducir de manera significativa la pobreza equivale aproximadamente al 4% del PIB, alrededor de USD 4.400 millones. No obstante, esta cifra no representa una obligación de gasto inmediato ni implica transferencias directas a la población. Se trata de una referencia que dimensiona el volumen de recursos que deberían movilizarse para enfrentar el problema. La estimación también evidencia cómo ha evolucionado este desafío. En 2018 el esfuerzo requerido equivalía al 3,6% del PIB; durante la pandemia alcanzó el 6,1% en 2020; para 2024 descendió al 3,9% y en 2026 vuelve a ubicarse alrededor del 4%. Sin embargo, las restricciones fiscales plantean un desafío adicional. El Estado debe atender compromisos relacionados con el déficit fiscal, el servicio de la deuda y la sostenibilidad de la recaudación tributaria, por lo que la discusión trasciende el incremento del gasto público y se orienta hacia la eficiencia de la inversión. Empleo e inversión privada, los principales motores Los especialistas coinciden en que la política social debe complementarse con una estrategia económica enfocada en la creación de empleo formal. Baldera sostiene que los programas de asistencia son fundamentales para proteger a los hogares más vulnerables, pero advierte que deben articularse con políticas que impulsen la inversión privada y el desarrollo productivo. Entre las principales acciones planteadas destacan fortalecer la focalización de los programas sociales, incentivar la inversión privada mediante mejores condiciones de infraestructura y seguridad jurídica, dirigir mayores recursos hacia las provincias con mayores niveles de pobreza, potenciar actividades con alto efecto multiplicador como el turismo y evaluar la inversión pública en función de su impacto económico y social. Actualmente, mientras la pobreza monetaria a escala nacional se ubica alrededor del 22%, provincias como Morona Santiago registran una incidencia del 74,2%, seguida de Napo con el 58,6%. Orellana, Sucumbíos y Pastaza también presentan indicadores significativamente superiores al promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de políticas diferenciadas. Te puede interesar: Las tierras raras abren una oportunidad para América Latina más allá de la minería La eficiencia del gasto será determinante Para Andrés Rodríguez Verdesoto, economista, el país necesita replantear la forma en que evalúa la inversión pública. "Ecuador necesita dejar de mirar el gasto público únicamente desde la lógica de cuánto dinero se entrega. Hay que revisar con rigor dónde se está gastando y qué resultados produce cada dólar. Los bonos deben llegar a quienes realmente los necesitan, pero con una ruta que permita que, en el mediano plazo, esas familias puedan dejar de depender de ellos". El especialista añadió que la inversión en infraestructura debe ejecutarse de manera coordinada con el sector privado para traducirse en mayor actividad económica, empleo e ingresos sostenibles para la población. Fuente: La Hora