El lavado de activos representa uno de los mayores riesgos para la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano. Frente a ello, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros han desplegado estrategias conjuntas para blindar a la economía del país de operaciones ilícitas. “El control de transacciones inusuales es un pilar de nuestra gestión”, afirma Roberto Romero von Buchwald, Superintendente de Bancos. Desde su entidad se ha fortalecido la supervisión de los oficiales de cumplimiento en cada banco, quienes reportan operaciones sospechosas a la UAFE. Además, se impulsa un proyecto de plataforma de interoperabilidad del sector financiero. “Esto nos permitirá entregar a los bancos una lista consolidada y confiable de personas políticamente expuestas (PEP), sin depender de declaraciones individuales”, destaca. Este sistema incluso cruza información con la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp), Ministerio de Finanzas y Registro Civil para generar árboles genealógicos. También te puede interesar: 10 hechos destacados para comprender el desempeño del RK 1000 Por su parte, Luis Cabezas-Klaere, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, explica que el control de esta entidad se basa en un enfoque de riesgos: “Nos concentramos en sectores vulnerables como construcción o minería, y utilizamos matrices para identificar compañías con mayor exposición”. Como ejemplo, menciona un caso detectado en 2024: “Una empresa intentó constituirse con un capital ficticio de USD 1.000 millones, lo que encendió de inmediato las alertas. El lavado de activos no solo proviene del narcotráfico, también de la evasión tributaria, facturación ficticia y financiamiento ilícito. Por ello, la coordinación con la UAFE y la Fiscalía se ha vuelto fundamental para transformar las alertas en procesos judiciales consistentes. Ambas superintendencias coinciden en que la clave está en más tecnología y cooperación interinstitucional. Como resume Romero: “Es una lucha permanente. Los delincuentes innovan, pero nuestra obligación es reaccionar más rápido para que no contaminen la economía”. "Nuestra supervisión está basada en riesgos: vamos a las compañías donde más lavado puede haber". Luis Cabezas-Klaere.