Ecuador dispuso que, desde el 1 de mayo, la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia suba del 50% al 100%, una medida sustentada en criterios de seguridad nacional y en la necesidad de reforzar la corresponsabilidad frente al narcotráfico en la frontera común. La resolución, anunciada por el Gobierno de Ecuador, busca responder a la falta de medidas concretas y efectivas en seguridad fronteriza. Sin embargo, el anuncio ya genera preocupación en el sector productivo, por el impacto que podría tener sobre costos, abastecimiento e integración industrial entre ambos países. Te invitamos a leer: Crecimiento lento en América Latina y el Caribe en medio de la incertidumbre mundial y la debilidad de la inversión En su cuenta de X, el analista económico Alberto Acosta - Burneo advirtió que la profundidad de la integración manufacturera andina hace inviable desmontar en pocos meses cadenas productivas consolidadas durante años. Según su análisis, la medida no solo encarece productos, sino que deja una señal de inestabilidad regulatoria que podría afectar decisiones de inversión en Ecuador. A criterio del analista, el efecto más delicado va más allá del arancel: se instala un precedente de arbitrariedad que podría elevar la percepción de riesgo país entre inversionistas internacionales, especialmente europeos, que observan con preocupación la escalada comercial entre Quito y Bogotá. Acosta Burneo también alertó que, en un escenario extremo de ruptura dentro de la Comunidad Andina, Ecuador podría perder acceso preferencial a un mercado de más de 50 millones de consumidores, especialmente relevante para exportaciones manufactureras que no pueden redirigirse fácilmente a otros destinos. El impacto, sostuvo, terminaría trasladándose a empleo, competitividad y crecimiento económico en los próximos años.