En entrevista, Cristina Burgos, Oficial de Desarrollo Económico del PNUD en Ecuador, y Diego Pereira, Experto regional en finanzas sostenibles e inversión de impacto del PNUD, explicaron que el punto de partida es claro: “Para gestionar desarrollo se necesita financiamiento”. La magnitud del desafío Cristina recordó que, según estimaciones de Naciones Unidas, se requieren USD 4,2 billones anuales para financiar los ODS a nivel global. En América Latina, señaló, existe una brecha de infraestructura en logística, digitalización, energía renovable, hospitales, escuelas y transporte. Atraer capital es necesario para impulsar competitividad y crecimiento, pero con una condición: “No podemos seguir teniendo un modelo de desarrollo con detrimento a los ecosistemas natuarles. Debemos impulsar un modelo de desarrollo que considere la inclusión, la sostenibilidad y la resiliencia”. Integrar sostenibilidad en banca, mercados de capitales y aseguradoras implica cambios técnicos y de coordinación. Por eso, explicó, la Academia busca fortalecer capacidades tanto en el sector público como en el privado. También te puede interesar: 2026: Compensación, habilidades e IA en la batalla por equidad y talento Antes que instrumentos, prioridades Consultado sobre bonos temáticos o blended finance, Diego Pereira evitó identificar sectores específicos y optó por invitar a una reflexión metodológica a modo de pregunta: ¿Qué implica el desarrollo sostenible para Ecuador? ¿Qué ventajas comparativas tiene para ofrecer?. El experto mencionó que, por ejemplo, estrategias de bioeconomía son “claramente muy aplicables” y que Ecuador puede consolidar una marca asociada a bienes naturales de calidad, con atributos orgánicos y vínculos con pymes y desarrollo local. El desafío, dijo, es estructurar proyectos y encontrar correspondencia con lo que demandan los mercados internacionales. Una región con potencial, pero con brechas Diego indicó que América Latina concentra cerca del 6% del mercado mundial de finanzas sostenibles, pese a representar entre 11% y 14% del PIB global. Atribuyó esa diferencia a la percepción de riesgo que limita la llegada de grandes inversionistas internacionales. Buena parte de la inversión en la región proviene de actores locales. Señaló además una paradoja: “cerca de 35% de la deuda emitida en América Latina se clasifica como verde, social o sostenible, aunque la mayoría es soberana”. El desarrollo en el ámbito corporativo es más limitado y requiere marcos regulatorios, reglas claras y proyectos estructurados. Capacidades y gobernanza En Ecuador, la banca cuenta con productos financieros verdes desde hace cinco años, explicó Cristina. “Sin embargo, hasta julio de 2025 estos representaban 3,8% de la colocación total. Aseguradoras y bolsas de valores están en una etapa inicial; el trabajo más sistemático comenzó hace un año o año y medio”. La Academia, explicaron los expertos, busca instalar capacidades y metodologías concretas para incorporar sostenibilidad en modelos de negocio, comités de inversión y decisiones financieras. También apunta a fortalecer la articulación multiactor, incluyendo sector público, privado, multilaterales y sociedad. “El mundo que viene es público y privado. Las necesidades de financiamiento para el desarrollo no se pueden abarcar solo con políticas públicas y el presupuesto público”, afirmó Diego. A su juicio, el rol del Estado es generar marcos regulatorios y condiciones que permitan alinear riesgo y rentabilidad, habilitando la inversión privada en proyectos de transformación productiva y energética. Sin coordinación, gobernanza clara y un pipeline desarrollado, ambos actores coincidieron que será difícil escalar el financiamiento sostenible que Ecuador y la región requieren.