“Había terminado de cenar con mi familia. El pececito que nos había regalado papá estaba saltando en la superficie de la pecera. Mi mamá dijo, riéndose a carcajadas, ‘mira, el pez de Miguel, está contento’. Todos miramos hacia el acuario y fue muy divertido, por un momento. De repente, el pececito quedó flotando en el acuario. Lo revisamos y estaba muerto. Al instante, vimos varios chispazos, como luces de bengala, rebotar contra las paredes. Mi mamá corrió hacia la ventana y exclamó: ‘¡nos van a matar!’. Mi papá corrió a cerrar la puerta de la sala, pero no pudo: fue impactado varias veces por las balas”. Mariángel es colombiana y es una de las 70,452 personas reconocidas como refugiadas por el Gobierno ecuatoriano. A diferencia de las personas migrantes, las personas refugiadas no deciden salir de su país. Huyen y no pueden regresar porque su vida, libertad o seguridad es amenazada debido a sus opiniones políticas, raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social; o porque en su país existe violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos. Ecuador es el país de América Latina que ha reconocido a la mayor cantidad de personas refugiadas. En su mayoría, son colombianas desplazadas por la violencia y el conflicto armado. A ellas se suman 431.000 personas venezolanas con las que el ACNUR trabaja para brindarles protección. Las personas refugiadas huyen de su país dejando sus pertenencias, sus familias y sus empleos, pero llegan al Ecuador con conocimientos que pueden aportar al desarrollo del país. Según un estudio desarrollado por la OIT, ACNUR y USAID, en promedio, las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Ecuador cuentan con más de 11 años de experiencia laboral y el 48% tiene estudios superiores, en su mayoría enfocados en áreas económicas, administrativas, educativas, y en ciencias de la salud. Además, el estudio demuestra que Ecuador podría beneficiarse de la inclusión laboral de personas venezolanas en sectores de comercio electrónico, desarrollo de software, atención sanitaria, manufactura de alimentos y pesca. Aun así, no todas encuentran un empleo acorde con sus conocimientos. Esto se debe, en la mayoría de los casos, a la falta documentación y la imposibilidad de revalidar sus títulos universitarios en Ecuador, lo cual no impide únicamente encontrar un empleo formal, sino tener un emprendimiento próspero. Este es el caso de Rosmary, refugiada venezolana de 23 años. En Venezuela, completó su carrera universitaria en Administración. Durante la pandemia huyó con su familia e ingresaron al Ecuador por pasos irregulares. Para Rosmary fue imposible encontrar empleo formal, así que tomó la iniciativa de iniciar su propio emprendimiento. En la habitación en la que viven en Tulcán, preparan panes y tortas que venden a vecinos del barrio. “No estamos mal, pero si nos gustaría ampliar, y para eso necesitamos estar regulares en el país y poder comprar otro tipo de maquinaria”, dice Rosmary, quien tiene los conocimientos adecuados para montar un negocio formal, pero por la falta de documentos no puede solicitar créditos, ni registrar su negocio. El acceso a documentación y el apoyo de Fundación Espoir, una empresa privada de microcrédito, significó la diferencia para Mónica*, refugiada venezolana. En su país natal, era dueña de una clínica veterinaria y spa para mascotas. Tras recibir amenazas de muerte, empeñó su casa por pasajes de bus y huyó a Ecuador. Con su visa de protección internacional, hace un año Mónica terminó el Modelo de Graduación, un programa de HIAS y ACNUR que apoya a personas refugiadas a través de capacitación empresarial, vocacional y capital semilla, y abrió su spa para mascotas en Quito. “Con mis documentos pude abrir una cuenta en el Banco y Fundación Espoir me aprobó un crédito que invertí en implementos para la tienda”, comenta. Como ha sido solvente, la fundación le ha propuesto solicitar nuevos créditos para seguir creciendo. Durante la pandemia, Mónica se adaptó a las nuevas necesidades, contratando a una persona que se encargara de retirar a las mascotas y volverlas a dejar en sus casas. Además de la falta de documentación, las personas refugiadas enfrentan otras barreras. En varios casos, los empleadores desconocen los documentos necesarios para contratar a una persona extranjera. En este aspecto, el sector privado cumple un rol fundamental en la inclusión de la población refugiada en Ecuador. Contratar a una persona refugiada no es únicamente cumplir con parámetros de responsabilidad social corporativa, sino una oportunidad de sumar al equipo de la empresa nuevas destrezas y promover un ambiente laboral diverso. Grandes corporaciones internacionales como Airbnb Adidas, Ikea a y Microsoft se han comprometido con la inclusión de personas refugiadas. Las empresas apoyan no solamente a través de la contratación de personas refugiadas; sino con capacitaciones, integrando sus emprendimientos en sus cadenas de valor, generando productos y servicios para ellas y, en el caso de entidades financieras, flexibilizando los requisitos para acceder a microcréditos. En Ecuador, algunas empresas están dando el ejemplo. Banco Pichincha desarrolló una tarjeta Xperta para refugiados, que les permite ahorrar y realizar transacciones, mediante el cual más de 800 personas han accedido a una cuenta de ahorros. Fundación Telefónica Movistar, junto con ACNUR y FUDELA, lanzó ‘Conectados Ganamos’, un programa de capacitaciones virtuales que permitió a más de 550 jóvenes refugiados y ecuatorianos desarrollar habilidades tecnológicas necesarias para encontrar un empleo estable y seguro. Fundación CRISFÉ, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y ACNUR, implementó el programa ‘Sin Fronteras’, que capacita a las personas para mejorar su acceso a empleo y emprendimiento. En la etapa final, conecta a algunos participantes con empresas que estén contratando a personal. Estos son solamente algunos ejemplos que demuestran que el sector privado puede marcar la diferencia. Con su apoyo, Mariángel y Rosmary también podrían aportar a la economía ecuatoriana, integrarse en el Ecuador y tener una vida digna. Dos elementos tan simples como la documentación y la apertura de la empresa privada, puede cambiar vidas, como le ocurrió a Mónica.