El tráfico ilegal e impune se había intensificado antes y durante la pandemia, mientras las instituciones responsables de su protección parecían reaccionar tardíamente. Dos episodios motivaron nuestra alarma. Primero, el 28 de marzo de 2021 se descubrieron 185 tortugas embaladas en una maleta en el aeropuerto de Baltra. Pese a la magnitud del delito -valorado en más de USD 1 millón en el mercado negro- únicamente un policía fue procesado, liberado seis meses después sin que Fiscalía investigara la red criminal. Un peritaje en el juicio reveló algo más perturbador: el principal riesgo para la fauna insular ya no eran especies introducidas sino los humanos, y el Parque Nacional Galápagos (PNG) tenía la oportunidad de robustecer controles suficientes, puesto que no tenían registros sobre natalidad y mortalidad en sus centros de crianza de tortugas durante los últimos cinco años. El segundo episodio provino de la investigación del portal Bitácora Ambiental, que destapó un flujo inusual: dos iguanas rosadas (Conolophus marthae) exclusivas del volcán Wolf en la isla Isabela- habían sido enviadas desde Suiza hacia Mali, pese a que solo personal del PNG y científicos acreditados acceden a su hábitat. Igualmente ocurría con Conolophus subcristatus, pallidus e iguanas marinas, comercializadas internacionalmente con permisos emitidos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que regula el comercio faunístico para evitar explotación de especies vulnerables. Supuestamente eran ejemplares criados en cautiverio, aunque especialistas de la UICN denunciaban ya desde 2016 que muchos provendrían de robos en Galápagos. También te puede interesar: UNITAR certifica a Ekos como: “Empresa Verde Responsable” y “Aliado Estratégico” del programa Cascos Verdes CITES, organizado en tres Apéndices con niveles crecientes de protección, exige que Ecuador -mediante el MAE- controle estrictamente cualquier exportación. Solicitamos en la misiva que el país propusiera en la reunión mundial de CITES 2022 elevar restricciones para estas especies y emprender acciones contundentes contra redes delictivas. Nunca obtuvimos respuesta. Ante el silencio, presentamos una acción de protección. Durante el proceso, Procuraduría admitió que Ecuador no podía verificar autónomamente la legalidad de criaderos extranjeros. La jueza Viviana Pila, en excepcional sentencia, aplicó el principio precautorio y ordenó que el MAE, Cancillería y Defensoría del Pueblo gestionaran ante CITES máxima protección para iguanas impidiendo su comercialización; que la Judicatura capacitara jueces en Derechos de la Naturaleza y se presentara una Ley Orgánica de protección animal. Tres años después, gestiones propias e impulso de la Ministra, Inés Manzano, vio sus frutos y la sentencia se cumplió: en la COP20 de CITES, celebrada el pasado, 5 de diciembre de 2025 en Uzbekistán, Ecuador presentó las propuestas 22 y 23 para transferir la iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) al Apéndice I y otorgar ese nivel al género completo Conolophus, reconociendo la vulnerabilidad extrema de sus tres especies endémicas e impidiéndose ya su comercialización. La propuesta ha sido aclamada internacionalmente. Los ciudadanos y la sentencia, aunque no mencionados en la COP20, estamos tras lo que el país ha propuesto con prestancia mundial. El desafío ahora es repatriar a las iguanas rosadas y agradecer a quienes aportaron desde el sector público para este logro. Por: Dr. Milton Castillo Maldonado